El exministro de Hacienda del Gobierno del PP Cristóbal Montoro, en un acto de Banco Santander, el pasado mes de marzo, en Madrid.

El exministro de Hacienda del Gobierno del PP Cristóbal Montoro, en un acto de Banco Santander, el pasado mes de marzo, en Madrid. Europa Press.

Empresas

De los 700 millones de Iberdrola a los 87 millones de Ferrovial: el Ibex brinda por el aval a las ayudas de Montoro

El Tribunal General de la UE anula la decisión de Bruselas que consideraba las ayudas aprobadas en la época de Cristóbal Montoro como ilegales.

28 septiembre, 2023 03:10

Iberdrola, Ferrovial, Telefónica, Abertis o Santander son algunas de las multinacionales españolas que se beneficiarán del aval europeo a las ayudas fiscales por comprar firmas extranjeras aprobadas en España a principios de siglo, bajo el Gobierno de José María Aznar, con Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda.

El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) dictó sentencia ayer miércoles anulando el empeño de la Comisión Europea (CE) de declarar ilegales esas ayudas. La sentencia puede ser ahora recurrida por la Comisión.

Iberdrola estima un impacto positivo de 700 millones de euros si se confirma la sentencia del TGUE, como informó ayer este periódico; Ferrovial, de 87 millones; Telefónica podrá dejar de provisionar 549 millones de euros, etc.

[La Justicia europea corrige a la Comisión y avala las ayudas fiscales de Montoro a las multinacionales]

El aval europeo a las ayudas fiscales de Montoro supone el principio del fin de una polémica fiscal que llevan arrastrando las multinacionales españolas durante prácticamente todo este siglo.

Con Cristóbal Montoro como Ministro de Hacienda, España autorizó en 2002 a las sociedades que tributaran en el país amortizar durante veinte años el fondo de comercio resultante de una compra de una participación de, al menos, el 5% de una compañía extranjera.

Expansión internacional

La medida se tomó en un periodo de fuerte expansión de las grandes multinacionales españolas, en el que bancos, constructoras o compañías energéticas adquirieron empresas competidoras en otros países en operaciones valoradas en decenas de miles de millones de euros.

En un principio, la Comisión Europea no se entrometió en la medida aprobada por el Gobierno español, pero en 2011 declaró que constituía una ayuda de Estado incompatible con el mercado interior, y ordenó a las autoridades españolas recuperar esas ayudas, aunque permitió que se siguiera aplicando el régimen fiscal en determinados casos.

El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro a su llegada a la capilla ardiente del exministro Josep Piqué, el 7 de abril de 2023, en Madrid

El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro a su llegada a la capilla ardiente del exministro Josep Piqué, el 7 de abril de 2023, en Madrid Europa Press.

Santander, Ferrovial, Telefónica o Iberdrola fueron algunas de las compañías españolas que recurrieron la decisión de la Comisión, pero hasta en tres ocasiones la institución ha declarado ilegales las ayudas.

En 2017, según publicaron entonces El País y Europa Press, aludiendo a fuentes ministeriales, Hacienda comenzó a reclamar a las compañías la devolución de las deducciones fiscales que se habían aplicado, esperando recuperar hasta 1.000 millones de euros.

Iberdrola, 700 millones

Como publicó ayer este periódico, Iberdrola estima un impacto positivo de 700 millones por el aval europeo a las ayudas de Montoro.

La multinacional energética decidió pagar a Hacienda las cantidades reclamadas, a través de la compensación de la devolución del Impuesto sobre Sociedades 2016 por importe de 363 millones y un ingreso de 302 millones "realizado en febrero de 2018".

[Iberdrola podrá reclamar 700 millones a Hacienda después de que Europa avale las ayudas fiscales de Montoro]

Las fuentes consultadas por este diario en el grupo presidido por Ignacio Sánchez-Galán no precisaron si, ahora, se reclamará a la Administración la devolución de las cantidades satisfechas.

Iberdrola llevó a cabo en el año 2006 la mayor adquisición de su historia, la de la británica Scottish Power, en una operación valorada en 17.200 millones de euros.

Telefónica

La operadora presidida por José María Álvarez-Pallete explica en sus últimas cuentas que ha venido amortizando fiscalmente los fondos de comercio financieros procedentes de las grandes adquisiciones que realizó la compañía en la primera década del siglo.

Las liquidaciones del Impuesto sobre sociedades entre 2004 y 2022 generadas por las adquisiciones de O2, BellSouth y Coltel (antes de 2007) y la de la brasileña Vivo, en el año 2010, han tenido un impacto positivo acumulado para Telefónica de 2.042 millones de euros.

José María Álvarez-Pallete, presidente ejecutivo de Telefónica, en una conferencia el pasado mes de abril en Madrid.mes de abril

José María Álvarez-Pallete, presidente ejecutivo de Telefónica, en una conferencia el pasado mes de abril en Madrid.mes de abril Europa Press.

La multinacional española informa en sus cuentas de 2022 que la Agencia Tributaria ha tratado de recuperar parte de esas ayudas, pero que la "efectiva recuperación" de las mismas es "provisional", dados los recursos presentados contra la decisión de la Comisión Europea de declarar ilegales esas ayudas.

De confirmarse la sentencia de ayer del Tribunal General de la UE, Telefónica podrá dejar de provisionar en sus cuentas 549 millones de euros vinculados a esta cuestión.

El grupo explicaba en sus últimas cuentas que, aun estando convencida de la legalidad de esas ayudas, había provisionado 143 millones de euros en 2021 por la compra de Vivo.

Y que seguía "provisionando el importe amortizado fiscalmente y no recuperado por la Administración por un total de 406 millones de euros".

Ferrovial, Abertis, Santander

Ferrovial explica en sus cuentas de 2022 que había recurrido la decisión de la Comisión Europea de declarar la medida fiscal de Montoro como ayuda de Estado, por la amortización del fondo de comercio financiero derivado de la compra de la británica Amey, en 2003 -que vendió el pasado año por 455 millones- y Swissport, en 2015, por 646 millones.

El grupo presidido por Rafael del Pino indica en esas mismas cuentas que estimaba un impacto negativo de 84,9 millones de euros si su recurso contra la decisión de la Comisión Europea no fuera efectivo.

Rafael del Pino, presidente de Ferrovial.

Rafael del Pino, presidente de Ferrovial. Europa Press.

El miércoles, fuentes consultadas en Ferrovial indicaron que el beneficio fiscal calculado que, de confirmarse la sentencia del TGUE, no tendrá que devolver asciende a 87 millones de euros.

La concesionaria de autopistas Abertis también se refiere a la polémica fiscal en sus cuentas del pasado ejercicio. La compañía, que recurrió también la decisión de la Comisión Europea de declarar ayudas de Estado las medidas fiscales españolas, explica que en 2017 había satisfecho la cantidad de 33,6 millones de euros.
Santander también se refiere en sus cuentas de los últimos años al contencioso fiscal, aunque no precisa impacto contable alguno.