La compañía pública que pretende contratar a estos asesores jurídicos es Cofivacasa SA, participada al 100% por la SEPI y destinada, principalmente, a labores de liquidación de sociedades estatales. Anteriormente se dedicaba a la fabricación de productos industriales.

Bariven SA, por su parte, es la filial de PDVSA dedicada al aprovisionamiento de bienes para el sector petrolífero y gasífero. Según consta en la licitación publicada en el Portal de Contratación del Sector Público, la mercantil venezolana tiene una deuda con Cofivacasa por valor 6.051.931,10 euros (intereses de demora incluidos).

¿A qué se debe esta deuda? Al impago de las facturas correspondientes a la fabricación de unos intercambiadores de calor que solicitó en 2012 la filial holandesa de Bariven y que serían utilizados en la primera fase de la construcción de la refinería Batalla de Santa Inés.

"De conformidad con los mecanismos de cobro contemplados en dicho contrato", según expone el Portal de Contratación, y "de acuerdo con el Derecho neerlandés", Cofivacasa lleva años reclamando, sin ningún éxito, la deuda.

La labor del bufete que finalmente sea contratado será la "iniciación y llevanza del  procedimiento arbitral ante la corte arbitral competente". Es decir, ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, con sede en La Haya.

Ahora bien, pese a lo abultado de la cifra de 3 millones de euros, la SEPI parece que lo tendrá difícil para convencer a un despacho de abogados que defienda los intereses de la empresa pública española.

Licitación desierta en 2021

¿Por qué? Porque en 2021 la licitación quedó desierta; ningún bufete se presentó. En aquella ocasión, el valor del contrato era de 1,74 millones de euros y el montante adeudado, intereses incluidos, del doble.

Actualmente, ambas cifras han aumentado, aunque la proporción es similar: la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales destinará unos 3 millones de euros para contratar al equipo jurídico que reclame la deuda, que ya supera los 6 millones.

En este conflicto diplomático, la vía extrajudicial tampoco ha corrido mejor suerte. España remitió una carta al embajador de Venezuela en junio de 2016, para tratar de lograr una solución amistosa. No hubo éxito. Los arbitrajes internacionales, además, no suelen ser procedimientos cortos, lo que dispara sus precios.

Una vez se formalice el contrato —si eso llega a producirse—, las gestiones del bufete deberán comenzar en, como máximo, dos meses desde la firma. "Y la asistencia jurídica incluirá tanto los medios humanos como los materiales que sean necesarios para su correcta prestación", reza la documentación oficial consultada por EL ESPAÑOL-Invertia.

La propia Cofivacasa SA contempla recuperar una cantidad menor al total adeudado, lo que haría variar la parte porcentual que cobraría el bufete al que se adjudique el contrato. "No se exigirán garantías, dada la naturaleza de los servicios objeto de contratación y la concurrencia de circunstancias excepcionales en el presente caso, al considerar que desincentivaría de manera determinante el interés en este contrato para posibles empresas interesadas", admite la empresa participada por la SEPI en un informe sobre esta licitación.

Ahora bien, Cofivacasa SA exige a las empresas que se presenten a la adjudicación que acrediten que han dirigido, en los últimos cinco años, al menos diez procedimientos de arbitraje similares a este y una antigüedad mínima de 15 años del abogado que lidere el equipo.

Actualmente, un Juzgado de la Audiencia Nacional investiga a, entre otras personas, Javier Alvarado Ochoa, el exviceministro de Energía de Venezuela (nacionalizado español) que dirigió Bariven SA. Está imputado por el presunto cobro de comisiones ilegales cuando encabezaba esta filial de PDVSA.

Por su parte, Estados Unidos también reclama a Ochoa Alvarado por una veintena de supuestos delitos de corrupción durante su etapa como presidente de Bariven.