El Gobierno activará este lunes un primer tramo de avales públicos por 20.000 millones de euros para paliar los efectos del coronavirus sobre las empresas. El reparto será por cuota de las entidades en el mercado de crédito y exigirá que las líneas de circulante concedidas queden abiertas hasta el final de septiembre.

El Ministerio de Asuntos Económicos que dirige Nadia Calviño ha dado a conocer este domingo los detalles de esta primera manguera de liquidez para las empresas españolas, que se pone en marcha a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Aunque las peticiones de avales podrán comenzarse a remitir a partir de mañana, son aplicables para crédito concedido desde el pasado 18 de marzo.

Los 20.000 millones de euros que se ponen a disposición de las empresas en este primer tramo de avales se repartirán de forma proporcional a la cuota de mercado de las entidades a cierre de 2019 con el objetivo de “garantizar su adecuada distribución”, según adelantó Invertia y este domingo explica el Ministerio. Los avales se destinarán a “garantizar nuevos préstamos o renovaciones para dotar de liquidez y cubrir las necesidades de circulante de autónomos, pymes y grandes empresas”.

Aunque desde el Gobierno explican que con esta medida “se da cumplimiento en el plazo establecido al compromiso con las empresas”, lo cierto es que desde la industria se da por hecho que el importe ofrecido se agotará en cuestión de horas, por lo que todo indica que el segundo tramo de avales deberá estudiarse ya este mismo lunes. En este sentido, las dos grandes patronales españolas exigieron ayer que este primer tramo se hubiera incrementado, al menos, hasta los 50.000 millones, la mitad del importe previsto por el Ejecutivo.

Dentro de este primer tramo, un 50% se reserva para garantizar préstamos de autónomos y pymes. Entre las pocas excepciones de uso que tienen estas líneas de crédito están las unificaciones y reestructuraciones de préstamos, así como la cancelación o amortización anticipada de deudas preexistentes.

Aprobación sin vinculación alguna

Además de la obligación de mantener abiertas las líneas de circulante de sus clientes hasta el 30 de septiembre, las entidades tendrán que “transferir a sus clientes el beneficio derivado del aval público, en forma de menores intereses o mayor plazo, entre otras opciones”. Del mismo modo, se prohíbe que la aprobación de estos créditos se vincule a la contratación de otros servicios o productos.

Con el objetivo de distribuir el montante entre todos los operadores (entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de pago y entidades de dinero electrónico) se ha aprobado una distribución separada de los dos tramos. En cada uno, el importe se distribuirá en función de su cuota de mercado a cierre de 2019, por un lado, en relación al crédito a autónomos y pymes y, por otro lado, a grandes empresas, siempre según datos del Banco de España.

Por último, se reserva una cuota del 1% del montante para entidades financieras que a cierre de 2019 no tuvieran saldo de crédito registrado en el Banco de España, especifica el Ministerio. Sin calendario específico, se adelanta también que el segundo tramo llegará “una vez se haya utilizado este primer tramo” y se deja para entonces la determinación de sus características y condiciones.