La Ley de cambio climático y transición energética, aprobada el pasado verano, sienta las bases para la descarbonización de la economía española en 2050 y obliga a las empresas, los bancos y los supervisores financieros a emitir recurrentemente informes sobre el impacto de los riesgos asociados al cambio climático. Su contenido debe ser establecido en un real decreto, para cuyo desarrollo, según la citada ley, los ministerios dirigidos por Nadia Calviño y Teresa Ribera tienen de plazo hasta el 20 de mayo de 2023.

Pese a que aún queda mucho tiempo, Asuntos Económicos y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se han puesto manos a la obra y han lanzado una consulta pública para recabar la opinión del sector -y de todo aquel que esté interesado en aportar sus comentarios para la creación de esta normativa- sobre qué información es necesaria para valorar adecuadamente los riesgos climáticos del sector financiero.

Informes sobre el riesgo

Más concretamente, la ley obliga a las empresas -sociedades de valores, bancos, aseguradoras y sociedades no financieras-, a emitir anualmente un informe sobre el impacto financiero de los riesgos climáticos generados por la exposición de su actividad.

Los bancos deberán, además, publicar a partir de 2023 los objetivos específicos de descarbonización de su cartera de préstamo e inversión, que deben estar alineados con el Acuerdo de París, el pacto firmado hace cinco años en el marco de la COP21, el primero jurídicamente vinculante sobre objetivos para frenar el cambio climático.

Por su parte, los supervisores del sector financiero -Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones- tendrán que elaborar cada dos años en conjunto -a través de la Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad Financiera (AMCESFI)- un informe sobre la evaluación del riesgo climático para el sector financiero, así como sobre las posibles políticas para combatirlo.

El real decreto sobre el que ahora se abre consulta pública pretende, precisamente, concretar qué información deben contener esos informes, teniendo en cuenta que deben aparecer datos sobre la gobernanza de las compañías y las funciones de cada órgano en relación con el riesgo climático; el enfoque estratégico sobre cómo mitigarlo; el impacto real y potencial del mismo; los procesos de identificación y control del riesgo climático y los escenarios que se utilizan para evaluarlo.

Así, tiene el objetivo de establecer un marco regulatorio que recoja las especificidades de los riesgos climáticos para la actividad financiera, sobre los que aún existe mucha incertidumbre, así como un marco de información financiera y empresarial que permita comparar la exposición del sector al riesgo climático, evaluarlo a futuro y conocer las actuaciones llevadas a cabo por las entidades para mitigarlo.

Para cumplir con estos objetivos, Economía plantea a la banca y a todo interesado en este marco regulatorio una serie de cuestiones, entre las que se encuentran su opinión sobre qué grado de detalle de las estrategias de descarbonización de cada entidad puede publicarse sin perjudicar el secreto comercial o cuál es la mejor forma de medir el impacto de los precios del carbono en la actividad de las empresas, entre otras muchas. Tienen hasta el 15 de noviembre para enviar sus comentarios.

No en vano, como se reconoce en el texto de la consulta, "la falta de información sólida" es "uno de los principales escollos para avanzar en el ámbito de las finanzas sostenibles y un riesgo para la estabilidad financiera y económica global".

"Determinar los detalles de la información que deben dar las entidades sobre el riesgo financiero asociado al riesgo de cambio climático y transición hacia una economía sostenible contribuirá sin duda a mejorar la situación y permitirá avanzar más rápidamente en la implementación de las finanzas sostenibles en nuestro sector, otorgándole además una ventaja competitiva en el contexto europeo e internacional", se añade.

Test de estrés climáticos

Esta consulta pública llega en un momento clave, cuando el Banco Central Europeo (BCE) ya ha puesto a funcionar los engranajes de los que serán los primeros test de estrés climáticos a los que someterá al sector bancario.

El supervisor de la banca de la zona euro ha publicado ya la metodología de los mismos y ha anunciado que analizará entre marzo y julio del próximo año la resistencia de las entidades financieras a los riesgos derivados del cambio climático.

Además, la consulta llega en plena celebración de la Cumbre del Clima COP26 en Glasgow y de la sesión financiera el pasado miércoles. En la misma se anunció que 450 grandes entidades financieras, entre las que se encuentran Santander, BBVA y CaixaBank, invertirán unos 130 billones de dólares en la transición hacia una economía descarbonizada.

Y justo después de que Ana Botín, presidenta de Santander, haya pedido en el marco de la Confederación Internacional de Banca organizada por su entidad "una normativa común global", así como "incentivos" al sector empresarial para poder realizar la transición hacia un mundo más verde.