Tras presentarse como proposición de ley el pasado mes de julio por parte del PSOE y Unidas Podemos, el nuevo impuesto a la banca sigue su curso inmerso en los engranajes de la tramitación parlamentaria. En estos momentos el proyecto se encuentra en fase de presentación de enmiendas por parte de los grupos.

Paralelamente, la Comisión de Asuntos Económicos acordó hace unos días trasladar a la mesa del Congreso un oficio para que la petición llegara al BCE con el objetivo de obtener una opinión al respecto de este nuevo impuesto.

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Fuentes parlamentarias explican a este periódico que esto ocurrió el viernes de la pasada semana y ese mismo día salió la petición hacia el Banco de España, que es el encargado de hacérsela llegar al supervisor europeo. De acuerdo con fuentes del BCE, esa solicitud llegó a la sede de Fráncfort entre el lunes por la tarde y el pasado jueves.

Ahora es momento, por tanto, de que un panel de expertos del BCE analice las implicaciones jurídicas y sobre la estabilidad financiera del diseño de este tributo. Un proceso "bastante objetivo", como lo calificaba hace unos días De Guindos en una conferencia en Madrid.

En manos del Consejo

Eso sí, quien tomará la decisión final será el Consejo de Gobierno del BCE, el órgano encargado de adoptar las decisiones de política monetaria en la zona euro, entre otras funciones. Así lo determinan tanto el Estatuto del Sistema Europeo de Bancos Centrales como el Reglamento interno del BCE y lo confirman fuentes del supervisor a este periódico: "La opinión sobre el proyecto del ley la adoptará el Consejo de Gobierno".

Este Consejo está formado por los seis miembros de la Comisión Ejecutiva del BCE (presidente, vicepresidente y otros cuatro miembros -en la actualidad, Lagarde, De Guindos, Frank Elderson, Philip Lane, Fabio Panetta e Isabel Schnabel-) y los gobernadores de los 19 bancos centrales que forman parte del sistema de la zona euro.

Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, el pasado lunes durante su intervención en los Diálogos AED. Chema Moya Efe Madrid

Por tanto, a él pertecenen el propio De Guindos, Lagarde y Hernández de Cos, que, junto al resto de miembros, tomarán parte en la opinión que el BCE emitirá finalmente en relación con el tributo que quiere poner en marcha el Gobierno. Esta en ningún caso será vinculante, si bien se espera que los grupos parlamentarios la tengan en cuenta para establecer el diseño final del tributo.

El proceso será relativamente rápido. El propio vicepresidente del BCE hablaba hace unos días de "semanas", más que de "meses", como plazo para que esté lista esta opinión. "Nosotros lo hacemos con toda la buena voluntad", añadió. De Guindos recordó, además, que en el caso de otros impuestos similares el BCE ya ha manifestado la necesidad de que su imposición no afecte a la solvencia de las entidades ni, en definitiva, a la estabilidad financiera.

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"Lo que se diga en este caso no lo sé. Se analizará en detalle y se hará pública la opinión", explicó. Eso sí, "desligándolo de lo del impuesto", quiso destacar que es necesario anticipar la evolución del negocio de la banca en relación con la subida los tipos de interés no solo a corto plazo, sino también más adelante.

"Tienes que mirar a todo lo que tiene que ver con el medio plazo: una desaceleración económica, los clientes de la banca se van a ver afectados por la subida de tipos... Son efectos que tenemos que tener en consideración", explicó, añadiendo que va a ser necesario que la banca haga de nuevo un esfuerzo en provisiones.

El precedente de Lituania

Al margen de la opinión que emita finalmente el BCE, existe un precedente para esta cuestión. En 2019, el gobierno de Lituania quiso poner en marcha un impuesto a la banca similar al que ahora se propone y el BCE emitió una opinión al respecto con fecha de 16 de diciembre de hace tres años.

En la misma, el supervisor señalaba que este tipo de tributos deben tener en cuenta el riesgo de estabilidad financiera que puede conllevar su imposición y la posibilidad de que se dificulte "la provisión de crédito, con un efecto dominó en el crecimiento de la economía real".

"Esto, a su vez, podría dar lugar a que los bancos ofrecieran condiciones menos favorables a sus clientes al dar crédito y otros servicios y también podría inducir a ciertas entidades a reducir su actividad, lo que llevaría a una menor disponibilidad del crédito y crearía incertidumbre a estos bancos", añade el BCE en su dictamen.