El nuevo gravamen al sector no ha hecho más que levantar el rechazo de la banca en su conjunto y desde CaixaBank han afirmado en varias ocasiones su desacuerdo con la puesta en marcha del mismo, por el que este año el banco pagará unos 400 millones.

Ya el pasado verano Gonzalo Gortázar, consejero delegado de la entidad, tildaba de "injusto, distorsionador y contraproducente" este tributo, que gravará con un 4,8% los ingresos por intereses y comisiones de aquellos bancos que en 2019 facturaron por ambos conceptos más 800 millones de euros. Es decir, todos los bancos grandes y medianos, lo que deja fuera a entidades como ING.

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Y es que, como han ido apuntando sus gestores en los últimos meses, CaixaBank considera que, por este motivo, el gravamen es discriminatorio. Además, opina que es confiscatorio, pues puede suponer una doble tributación, al tiempo que la entidad cree que distorsionará la competencia dentro de la Unión Europea. No en vano, este gravamen constituye prácticamente una excepción en Europa, lo que deja a los bancos españoles en desventaja respecto al resto.

Argumentos que el propio Banco Central Europeo (BCE) utilizó al rechazar el impuesto en su famoso dictamen. La autoridad supervisora advirtió, además, de que la creación del gravamen afectará al crédito y su pago se repercutirá al cliente.

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Unos motivos que comparte el resto del sector. De hecho, la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri no va a ser la primera que impugne el impuesto de forma individual, sino que el banco seguirá la estela de Kutxabank, Bankinter, Sabadell o Abanca, que ya lo han hecho.

Además de estas entidades, las dos patronales bancarias -la Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA)- decidieron hace casi un mes recurrir conjuntamente la orden ministerial en la que se introdujeron los modelos que tanto la banca como las energéticas debían presentar ante a Hacienda y que se publicó el pasado 3 de febrero en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Varias vías

Como informó EL ESPAÑOL-Invertia, los bancos tienen varias opciones para luchar en los tribunales contra este gravamen. Las vías son dos: impugnar la orden ministerial (posible desde el pasado 3 de febrero) o la autoliquidación del impuesto (algo que pueden hacer desde el momento en el que abonan el primer pago del gravamen).

El primer camino pueden tomarlo tanto las patronales como los bancos individualmente, mientras que el segundo corresponde exclusivamente a las entidades como contribuyentes.

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Impugnar directamente en la Audiencia Nacional la orden ministerial es el camino más rápido, pues los bancos tienen dos meses -hasta el 3 de abril- para hacerlo, tras lo cual el asunto llega directamente a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este organismo judicial.

La otra opción es hacerlo tras efectuar el primer pago del impuesto, algo que debieron hacer antes del pasado 20 de febrero, o al abono total -que culminará en septiembre- para impugnar la autoliquidación del mismo.

Los bancos tienen cuatro años para tomar este segundo camino, si bien es bastante más largo que el anterior. No en vano, una vez impugnen la autoliquidación ante la Agencia Tributaria tendrán que esperar hasta seis meses a que la Administración se pronuncie en contra.

Si, pasado ese plazo, se produce un silencio administrativo, el asunto pasaría directamente a los tribunales, pero no iría automáticamente a la Audiencia Nacional. Tendría que pasar antes por un tribunal económico-administrativo (TEAC), algo que retrasaría el proceso un año y medio como mínimo.

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En todo caso, estas dos vías se pueden combinar. Es decir, es posible simultanear ambos caminos, el individual y el colectivo, como lo es también la opción de impugnar el impuesto por tres caminos: a través de la autoliquidación, mediante la orden ministerial y por esta última vía pero a través del recurso de las patronales.

Escojan el que escojan, lo cierto es que el camino judicial va a ser muy largo, pues podría alargarse hasta diez años, dependiendo de los derroteros que tome cada demanda. Esto es así porque es posible que la Audiencia Nacional (o el Tribunal Supremo, en su defecto) plantee sus dudas tanto al Tribunal Constitucional como al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que alargará considerablemente el proceso.