Así consta en un escrito enviado al Juzgado Central de Instrucción número 5, cuyo titular es el juez Santiago Pedraz, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia.

El abogado de Ron se apoya en el reciente informe elaborado por dos peritos del Banco de España (BdE), que calificaron de "éxito" esta ampliación de capital, ejecutada cuando el banquero presidía el Popular. Un cargo que ostentó hasta finales de 2016, cuando fue sustituido por Emilio Saracho.

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Como recuerda su defensa, el dictamen del BdE coincide con lo relatado por Ángel Ron en la Audiencia Nacional, cuando fue citado como investigado. Por eso, "tras la rotundidad, contundencia y claridad del citado informe" y sus "inequívocas conclusiones", su letrado ha solicitado para Ángel Ron el sobreseimiento libre o, al menos, el archivo provisional.

Esta causa judicial se inició con la admisión a trámite de las querellas de varios inversores que participaron en la ampliación de capital de 2012.

El abogado de Ron recuerda que el Banco de España calificó esta operación como "un éxito" y "rentable" para los que la suscribieron. De hecho, el consejo de administración del Banco Popular participó en ella. "Y nadie invierte 500 millones de euros si busca estafar", se defendió Ron cuando declaró ante el Juzgado Central de Instrucción número 5, el pasado 19 de octubre.

En el consejo, además de Ron, estaban sentados accionistas como Allianz, Crédit Mutuel, la Sindicatura de Accionistas, el conocido inversor Américo Amorim o la Unión Europea de Inversiones.

Peritos del BdE

Los querellantes han solicitado recientemente al juez Pedraz que los dos peritos que firmaron este dictamen tengan que ratificarlo en la Audiencia Nacional. La defensa de Ron se opone tajantemente a ello.

"Siendo inequívocas las conclusiones del informe de los peritos, resulta impertinente, irrelevante, e inútil la ratificación solicitada por las acusaciones particulares", sostiene.

Una sucursal del Banco Popular

¿Por qué? A su juicio, los términos que utilizan los peritos del BdE —"éxito de la operación", "rentabilidad de la inversión" o "expresan la imagen fiel de la entidad"— no dejan lugar a dudas.

"Son suficientemente claros para no tratar, por la vía de la ratificación, la rectificación de la experta y concluyente opinión de los inspectores del Banco de España", señala el abogado del expresidente del Popular.

Buena inversión

Las conclusiones del informe, adelantadas por este periódico, son tajantes. A lo largo de 210 folios, los dos técnicos subrayaron que la ampliación de capital de 2012 "dejó al banco en una posición saneada" y fue aprobada por "la inmensa mayoría" de los asistentes a la Junta General de Accionistas extraordinaria, convocada por la entidad financiera a tal efecto.

"En general, acudir a la ampliación de capital fue una buena inversión, con independencia de la rentabilidad que obtuviera cada uno de los accionistas del Banco Popular", señalaron.

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También recalcaron las "importantes revalorizaciones" que se registraron en los tres años posteriores a la ampliación de capital y "la mejor situación financiera" del Banco Popular "tras las medidas de saneamiento adoptadas". "El mercado —incidía el informe— la valoró positivamente".

Concretamente, un inversor que vendiese sus acciones durante los tres años posteriores a la ampliación podría haber obtenido, de media, un interés del 35,9% sobre lo invertido (sin contar los dividendos que hubiese percibido en ese periodo). 

El Banco Popular otorgaba a este informe una importancia clave en el caso. Y, tras revisar cientos de folios de documentación, el supervisor concluyó que la ampliación de capital fue la respuesta lógica tras las pruebas de estrés que el Gobierno de Mariano Rajoy encargó a la consultora Oliver Wyman.

Después de la publicación de los llamados decretos Guindos, la entidad financiera cumplió así "con los requisitos exigidos" por el Ejecutivo y lo hizo utilizando "sus propios medios" y evitando acudir al FROB. De esta forma, el Popular evitó tener que recibir ayudas públicas, concluyó el Banco de España.

"Imagen fiel" en el folleto

Uno de los argumentos que esgrimieron los accionistas querellantes fue la "deficiente" información que contenía el folleto de la ampliación de capital. El BdE abordó este extremo en su informe y concluyó que la documentación sí reflejaba la "imagen fiel" del banco.

"La acción se duplicó en pocas semanas y mantuvo su precio por encima del de la ampliación prácticamente hasta la disolución del banco en 2017", manifestó Ron el pasado octubre ante Pedraz, un aspecto que ratificó el dictamen del BdE.

Esta investigación judicial se centra, únicamente, en la ampliación de capital de 2012. Las querellas de medio centenar de accionistas acusan a Ron y al resto de la cúpula del banco de maquillar las cuentas para captar inversores.

Otro Juzgado de la Audiencia Nacional, el Central de Instrucción número 4, el que encabeza el juez José Luis Calama, se encargó, desde el año 2017 hasta 2023, de investigar el llamado caso Popular.

En esta instrucción, finalizada hace ya varios meses, la Justicia indagó en las causas que llevaron al Popular, sexto banco más importante del mercado español, a desaparecer por la intervención de la Junta Única de Resolución.

El Banco Santander compró el Popular, cuando éste se declaró en quiebra en 2017, por un euro y una ampliación de capital posterior de 7.000 millones de euros.