Héctor Grisi, consejero delegado de Santander, el martes durante la presentación de resultados del banco.

Héctor Grisi, consejero delegado de Santander, el martes durante la presentación de resultados del banco. Alberto Ortega Europa Press Madrid

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La banca promete dar la batalla para evitar que el Gobierno haga permanente el impuesto extraordinario al sector

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La banca promete dar la batalla para evitar que el Gobierno reconvierta el impuesto extraordinario al sector para hacerlo permanente. Pero lo hará en los tribunales, donde ya pelea la nulidad del gravamen actual, que ha tenido que abonar los pasados dos años.

El martes era Héctor Grisi, consejero delegado de Santander, el que rechazaba rotundamente el impuesto"No estamos de acuerdo, es discriminatorio. Sentimos que va en contra de la economía", apuntó el banquero durante la presentación de resultados del banco.

Respaldaba así las palabras de Ana Botín, presidenta del grupo, que unos días antes afirmaba que este impuesto va "directamente en contra del crecimiento".

"Los gobiernos tienen que entender que si queremos sufragar el modelo europeo necesitamos que las empresas puedan generar dinero", añadió la banquera durante su participación en un foro en Washington.

Y es por eso que el número dos de Santander, preguntado por si mirará la letra pequeña del tributo para reclamar en los tribunales, anunció el martes que el banco hará "todo lo que se tenga que hacer para tratar de que no suceda", es decir, para evitar que el impuesto se haga permanente.

Hay que recordar que toda la banca afectada por el tributo recurrió en bloque el pago del mismo en los ejercicios anteriores y se prevé que vuelva a hacerlo con el que se empiece a aplicar a partir de 2025.

Así lo confirmaba, en el caso de Bankinter, su consejera delegada, Gloria Ortiz, hace unos días. "Si pensamos que [el impuesto reformulado] no se atiene a la legalidad, lo recurriremos, como hemos hecho con el anterior", apuntó Ortiz.

Dos reacciones que se han visto acompañadas estos días por el rechazo tajante a la permanencia del impuesto emitido por las dos principales patronales bancarias la semana pasada.

Se trata de la Asociación Española de Banca (AEB) —que engloba a entidades como Santander, BBVA o Sabadell— y de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) —a la que están adheridas CaixaBank, Unicaja e Ibercaja, entre otras—.

"Es un impuesto que no sólo le resta competitividad al sector, sobre todo le resta competitividad y capacidad de crecimiento al conjunto de la economía española. Le resta capacidad de progreso a nuestras familias y nuestras empresas", expuso Alejandra Kindelán, presidenta de la AEB.

"Gravar la actividad bancaria de forma permanente frena la inversión, el crecimiento económico y la creación de empleo", añadió, por su parte, Alberto Aza, portavoz de CECA.

Sacar negocio de España

Lo cierto es que el sector desconoce totalmente cómo será el impuesto que se aplique finalmente a partir de 2025, pues no ha mantenido contacto alguno con el Gobierno sobre el tema.

"No hemos tenido, que yo sepa, ninguna interacción con el Gobierno, ni nos han dado ningún indicio, ni están diciendo cómo está el tema", reveló Grisi el martes.

Con todo, tanto el número dos de Santander como la primera ejecutiva de Bankinter rechazaron que ambos bancos vayan a sacar negocio de España. Algo que sí podría ocurrir con algunas empresas del sector energético, que también están afectadas por este tributo extraordinario. Particularmente, Repsol, que ya ha paralizado inversiones a la espera de lo que pase con el tributo.

Y eso que el gravamen a las energéticas contempla, al menos en teoría, incentivos a la inversión verde, mientras que el de la banca está previsto que se mantenga, como en la actualidad, sin deducción alguna.

Ortiz dejó claro que la pelea de la banca contra el Gobierno por el impuesto se libra en los tribunales, no en la política. "Estamos donde creemos que podemos hacer buen negocio y podemos seguir creciendo. Estamos invirtiendo mucho en los mercados donde vemos potencial", dijo en referencia a España, Portugal e Irlanda.

Y es que para la banquera, más allá de las amenazas que cualquier empresa pueda verter, "hay que mantener un tono normal". "Es una discusión entre adultos", aclaró para despejar toda duda.

En cuanto a Grisi, considera que España es "tremendamente importante" para el banco. "Nos consideramos un banco español y hoy no tenemos ninguna visión de sacar negocio de España. Muy al contrario, queremos seguir creciendo", afirmó.

Lo cierto es que este miércoles se cierra el plazo de enmiendas al proyecto de ley que establece un impuesto mínimo global para los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud, una norma que podría añadir nuevos gravámenes y que también determinará la permanencia o no del tributo extraordinario a la banca y las energéticas.

El PSOE y socios parlamentarios en el Congreso están ultimando sus enmiendas y, como informa este miércoles EL ESPAÑOL-Invertia, el Gobierno se ha abierto a rebajar el impuesto para atraer a Junts y PNV, aunque Podemos, Bildu y ERC presionan a la contra.