Ángel Ron, antes de declarar en la Audiencia Nacional.
El juez manda al banquillo a Ron, PwC y 12 directivos por el Popular y cifra las posibles indemnizaciones en 2.300 M
- Rechaza abrir juicio oral al Santander como partícipe a título lucrativo y deniega la petición de PwC de revisar la legitimación de cientos de perjudicados.
- Más información: Anticorrupción pide 6 años y medio de cárcel para Ángel Ron por "falsear las cuentas" del Banco Popular
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha enviado a juicio a Ángel Ron, antiguo presidente del Banco Popular, a 12 directivos de la entidad, ya quebrada, y a la auditora de sus cuentas, PriceWaterhouseCoopers (PwC).
El magistrado ha dictado un auto en el que, de modo provisional, cifra en un total de 2.277.658.321,17 euros las posibles indemnizaciones que enfrentan los acusados y responsables civiles.
Ahora bien, esta cantidad, como recalca Calama, tiene "carácter provisorio", pues "algunas acusaciones no han concretado la solicitud de responsabilidad". Es por ello que Calama rechaza exigir la aportación de estas cantidades como fianzas.
Lo que sí hace es atribuir a Ron, penúltimo presidente del Popular, los supuestos delitos de estafa a inversores y falsedad contable. A criterio del magistrado, las cuentas que el banco presentó públicamente, de cara a la ampliación de capital que suscribió en 2016, no reflejaban su imagen contable real.
Ahora bien, Calama rechaza abrir juicio oral al Banco Santander como partícipe a título lucrativo. Esta entidad, cuando quebró el Popular en 2017, lo adquirió por un euro y una ampliación de capital posterior de 7.000 millones de euros.
A dos de los directivos del Popular que se sentarán en el banquillo el juez Calama tan sólo les atribuye el supuesto delito de falsedad documental.
Por otro lado, a los dos socios de PwC que auditaron las cuentas del banco, José María Sanz Olmeda y Pedro Barrio, les considera "cooperadores necesarios del delito continuado de falsedad contable (...) en concurso ideal, conforme con el delito continuado de estafa a inversores".
PriceWaterhouseCoopers, por su parte, se sentará en el banquillo "en su doble condición de responsable penal y responsable civil subsidiario".
Ahora bien, a diferencia del resto de acusaciones, la Fiscalía Anticorrupción no formuló acusación contra PwC. Tan sólo la considera responsable civil subsidiario, misma consideración que formuló para el Banco Santander.
Por otro lado, Calama, en el auto que decreta la apertura de juicio oral, rechaza las peticiones que planteó recientemente PriceWaterhouseCoopers tras conocer los escritos de acusación en su contra.
La auditora cuestionó la legitimación activa de algunos de los perjudicados que figuran en la causa. En respuesta, el instructor destaca que los inversores señalados por PwC "fueron tenidos por personados y parte en las correspondientes resoluciones dictadas durante la instrucción de la causa, sin que contra las mismas se formulara recurso alguno ni se suscitara cuestión alguna en orden a su falta de legitimación activa".
"El silencio de PwC durante la dilatada instrucción, en relación con esta cuestión, es mera responsabilidad de sus letrados", añade.
