Temor entre los 50.000 trabajadores de comida rápida por la aplicación de más ERTE

El sector de la comida rápida vive un escenario de total incertidumbre con el cierre de la restauración en bloque y solo con el reparto a domicilio en activo. El 85% de los trabajadores de un sector que supera los 50.000 trabajadores tiene problemas para llegar a fin de mes y se temen Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por causas organizativas, denuncian desde CCOO. 

“Hay empresas que están planteando ERTE por causas por causas objetivas, que pueden ser económicas, técnicas, organizativas y de producción”, señalan fuentes sindicales a Invertia. Despidos temporales que se sumarían a los realizados por fuerza mayor y que ya han sido resueltos a empresas como Alsea, AmRest o Restaurante Brands Internacional (Burger King). No obstante, algunas como Domino’s y Burger King se han visto obligados a repartir a domicilio. 

El sindicato denuncia que estas empresas han mandando a casa a los trabajadores “sin saber por cuánto tiempo, en algunos casos obligándolos a cambiar las vacaciones o sin saber qué consideración tienen esos días, pisoteando de esta manera los derechos básicos de la plantilla”.

Así, piden a la empresas que adelanten el pago de las prestaciones de desempleo, que complementen la prestación del paro, que se garantice la salud de las trabajadoras y trabajadores que siguen en activo y que las personas afectadas por el ERTE, sean readmitidas cuanto antes en las mismas condiciones que antes de la aplicación del ERTE.

En este sentido, solo el Grupo Telepizza ha decidido apoyar a su plantilla complementando el 10 % de la prestación de desempleo y no descontando días de vacaciones. Pero por ahora es la única empresa de comida rápida que se responsabiliza de su plantilla. El resto no solo se niegan a complementar la prestación por desempleo, también se niegan a adelantar el pago de la misma, generando gran incertidumbre a las y los trabajadores sobre cómo podrán hacer frente a los gastos de este mes. 

Algo que consideran una irresponsabilidad por parte del resto ya que los grandes grupos de empresa en 2018 han facturado 1.500 millones.