Se cancelan los permisos para hacer prospección petrolífera frente a las costas de Cataluña

El BOE ha publicado el archivo definitivo de los expedientes administrativos de los permisos de investigación de hidrocarburos solicitados en el golfo de León, frente a las costas de Cataluña, tal y como ha anunciado la organización ambientalista OceanCare. Se trata de los permisos denominados «Nordeste-4», «Nordeste-5», «Nordeste-6» y «Nordeste-7» por la petrolera Vitol E&P BV, registrada en Holanda.

Se trata de la Resolución de 11 de enero de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se acepta el desistimiento de las solicitudes en competencia a los permisos de investigación de hidrocarburos denominados «Nordeste-4», «Nordeste-5», «Nordeste-6» y «Nordeste-7».

"Con el archivo de estos cuatro proyectos, el Golfo de León queda por fin totalmente libre de la amenaza petrolera. En 2018 y 2019 se habían archivado otros ocho proyectos “Nordeste” (los numerados del 1 al 3 y del 8 al 12), todos solicitados inicialmente por Capricorn Spain Limited, filial española de la petrolera escocesa Cairn Energy", señala la organización OceanCare en un comunicado.

Victoria para los cetáceos

En los años previos, la movilización social e institucional también había logrado el archivo de varios proyectos de sondeos acústicos para la búsqueda de hidrocarburos en el lecho marino en esta zona del Mediterráneo. En estos sondeos acústicos, se utilizan cañones de aire comprimido, los cuales, cada 10-15 segundos, provocan explosiones que causan elevados niveles de ruido submarino (de alrededor de 260 dB) lo que genera graves impactos negativos a la fauna marina. 

Todos estos proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos se solapaban espacialmente con la superficie del Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo, un área de gran valor ecológico, declarada en junio de 2018 como Área Marina Protegida. En diciembre de 2019 fue incluida en la Lista de Zonas Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) por el Convenio de Barcelona, una protección por la que OceanCare había luchado desde 2015.

La parte francesa del golfo de León estaba ya protegida frente a la amenaza petrolera desde diciembre de 2017, cuando la Asamblea Nacional gala aprobó el proyecto de Ley del Gobierno Macron que convirtió a Francia en el primer país del mundo en prohibir de forma efectiva la producción de hidrocarburos.

El archivo definitivo de estos proyectos “Nordeste” es una de las medidas que OceanCare había solicitado repetidamente al Gobierno español.

Sin embargo, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aún mantiene un número significativo de proyectos de exploración de hidrocarburos en tramitación, varios de ellos en el Mediterráneo, frente a las costas de Tarragona, cerca del Delta del Ebro, donde Repsol también opera la plataforma petrolífera denominada “Casablanca”.

“Si España quiere de verdad cumplir su compromiso con el Acuerdo de París y hacer frente de manera decidida y eficaz al cambio climático, no tiene ningún sentido seguir tramitando proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos", ha manifestado Carlos Bravo, portavoz de OceanCare en España.

Por esta razón, OceanCare pide al Gobierno español y a los grupos parlamentarios que el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, actualmente en tramitación parlamentaria, establezca expresamente en su articulado que quedarán archivados todos los proyectos y solicitudes de exploración y explotación de hidrocarburos actualmente en tramitación.

El texto inicial del proyecto de ley solo recoge (en su Artículo 8) la prohibición a cualquier nuevo proyecto de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos que se pudiera presentar, pero eso es claramente insuficiente.

En efecto, tal y como está redactado actualmente el citado Proyecto de Ley, si una empresa petrolera/gasista que disponga actualmente de un permiso de exploración de hidrocarburos diera con un yacimiento de petróleo o gas que quisiera explotar y solicitara al Gobierno la correspondiente autorización de explotación, el Gobierno podría tener que darle una nueva concesión [según la Ley del Sector de Hidrocarburos la concesión inicial es por 30 años] con lo cual podría seguir habiendo explotación de hidrocarburos en territorio nacional más allá del 2050.

“La cancelación de todos los proyectos de exploración de hidrocarburos actualmente en tramitación evitaría por completo la incongruente situación de que siguiera habiendo actividades de extracción de hidrocarburos más allá del año 2050, fecha en la que se supone que España debería haber alcanzado ya una economía descarbonizada”, añadió Bravo.