Iberdrola pone a disposición del juez del caso Villarejo todo lo necesario para facilitar el fin de la investigación

Iberdrola ha presentado un comunicado a la CNMV para solicitar a la Justicia que finalice cuanto antes el proceso del caso Villarejo. Según el texto, la compañía "lleva sufriendo, en relación con el caso Villarejo, cuya investigación judicial ya se prolonga varios años, concretamente desde 2018, un significativo desgaste reputacional".

Por eso, ha adoptado "la decisión de poner a los administradores y empleados de la Sociedad a disposición del Juzgado Central de Instrucción nº6 para que, en la medida en que lo considere necesario y tan pronto como sea posible, comparezcan para proporcionar su testimonio y, de esta manera facilitar la finalización de la investigación en curso".

Señala también que "desde el primer momento y de manera continua hasta ahora, el Consejo de Administración y sus Comisiones han actuado de conformidad con el Sistema de gobernanza y sostenibilidad.

"Ha impulsado todas las actuaciones necesarias para el total esclarecimiento de los hechos con la información que ha sido conocida en cada momento y dando traslado de dichas actuaciones a las autoridades judiciales".

Y por tanto, "desde que se produjo la primera noticia en prensa (mayo de 2018), la Unidad de Cumplimiento identificó diecisiete facturas abonadas por Iberdrola y por Iberdrola Renovables Energía a Cenyt, empresa vinculada con el señor Villarejo".

Según explica la energética, "la dirección de Auditoría Interna realizó en los años 2018 y 2019 dos informes en los que no obtuvo evidencia adicional a las citadas diecisiete facturas sobre la relación del señor Villarejo con sociedades del grupo Iberdrola y concluyó que los procedimientos de control interno relacionados con dichas facturas habían funcionado correctamente".

Caso Tándem

Con la apertura de la pieza 17 en el caso Tándem, "con fecha 20 de noviembre de 2019, se practicó por el Juzgado Central de Instrucción nº6 un requerimiento de información muy exhaustivo en relación con la contratación, la contabilización y el pago de los servicios prestados por Cenyt a Iberdrola".

Además, la compañía "realizó una completa investigación interna, complementada por un informe forensic encargado a PriceWaterhouseCoopers (PWC), a quien se solicitó una investigación absolutamente independiente y sin limitación, ni intervención alguna en cuanto a su alcance".

Después de haber realizado una exhaustiva investigación, "de dicho informe no ha resultado evidencia de ninguna relación del señor Villarejo con sociedades del Grupo Iberdrola distinta de la documentada en las diecisiete facturas referidas".

Tampoco de que en la contratación, contabilización y pago de las mismas "se hayan infringido los procedimientos de control establecidos, ni, finalmente, indicios que permitan vincular a terceras personas ajenas a las Direcciones de Seguridad y
Administración y Control con las contrataciones investigadas".

Críticas de la competencia

Iberdrola se lamenta de que "la tramitación de la pieza 17 del caso Tándem ha sido aprovechada por competidores que, directa o indirectamente, han atacado la reputación y buen nombre de la Compañía, lo que la ha obligado a tomar acciones legales en defensa de su honor y de su reputación".

Se ha tenido que proteger "de actos de denigración, y en reclamación de los daños producidos, incluso presentando, cuando ha sido necesario, denuncia por falsedad y querella por sustracción de documentos y revelación de secretos, ambas admitidas por los correspondientes órganos judiciales".

Dichas actuaciones vendrían en realidad a responder a una clara estrategia de desprestigio motivada por intereses espurios de algunos ex directivos y competidores que tan sólo pretenden perjudicar judicial y públicamente a otros directivos.

En este sentido, ha querido recordar que "Iberdrola es el primer grupo energético nacional, una de las principales empresas española del IBEX 35". Por tanto, las constantes filtraciones e insinuaciones sobre la posible responsabilidad de la empresa o algunos de sus directivos "no hacen más que perjudicar sus legítimos intereses, los de sus accionistas, empleados y grupos de interés e, incluso, los del propio mercado".