Galán pide al juez que investigue presuntos delitos del 'controller' de Iberdrola que sustrajo documentos

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, se ha dirigido al juez que le ha dado la condición de investigado en el caso Tándem-Villarejo para poner de manifiesto que el único elemento incriminatorio que el instructor baraja contra él puede ser una prueba ilícita que esté 'contaminando' el proceso.

El defensor de Galán, el abogado Carlos Domínguez, ha presentado este miércoles un escrito en el que subraya la necesidad de aclarar la legalidad y validez de un documento aportado por un antiguo controller de Iberdrola, José Antonio Olmo.

Olmo facilitó al juez Manuel García-Castellón un escrito que asegura haber confeccionado con el membrete de Iberdrola el 1 de diciembre de 2004. En él no aparece otra firma que la suya ya que las casillas "comprobado" y "aprobado" carecen de las rúbricas de sus superiores.

En ese documento Olmo escribió unas supuestas manifestaciones del entonces director de seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, que le habría dicho que Galán conoció la contratación de la empresa Cenyt para neutralizar la oposición existente en Arcos de la Frontera a la construcción de una central de ciclo combinado. Cenyt es la empresa del comisario Villarejo, al que Olmo no menciona.

Según el controller, Asenjo le habría indicado que se usó dinero "para poder pillar a políticos que han actuado a favor de Iberdrola" y que el pago a Cenyt no se habría hecho directamente sino a través de otra sociedad, Casesa, a la que se habrían girado facturas por servicios no prestados por ella.

Ayudado por el expolicía Marcos Peña -que fue desplazado por Asenjo como jefe de seguridad de Iberdrola-, Olmo metió ese documento en un sobre cerrado que fue protocolizado ante el notario Luis Ramallo, amigo de Peña, el 20 de diciembre de 2004. Además, introdujo en el sobre ocho facturas de Casesa y una de Cenyt que el controller se llevó de Iberdrola. 

Llevarse documentos

No son los únicos documentos de los que Olmo se apropió durante su paso por la compañía. Un Juzgado de Instrucción de Madrid sigue otro procedimiento contra él por haberse llevado facturas de Iberdrola relacionadas con la retribución a miembros de los consejos consultivos territoriales de la energética.

Olmo también tiene la condición de investigado en la pieza del caso Tándem relativa a Iberdrola. El instructor considera que pudo cometer un delito de cohecho al dar el visto bueno, como controller, al pago de las facturas de Casesa y Cenyt que él mismo consideraba irregulares en el escrito que depositó en el notario.

El juez García-Castellón, además, aceptó incorporar a la pieza la querella por falsedad documental que Iberdrola presentó en un Juzgado de Bilbao contra su exempleado. El juez de Bilbao admitió a trámite la querella pero se inhibió a favor de la Audiencia Nacional al apreciar que los hechos atribuidos a Olmo eran conexos con los que se investigan en el caso Tándem.

"La posible falsedad atribuida al documento confeccionado por Olmo el 1 de diciembre de 2004 cobra singular relevancia desde su incorporación [a la pieza sobre Iberdrola] y su empleo como soporte incriminador", sostiene la defensa de Galán.

El presidente de Iberdrola "tiene voluntad decidida de colaborar con la Administración de Justicia", afirma. "Consciente de su total ajenidad a los hechos que aquí se investigan, alberga el deseo de que éstos se esclarezcan por completo, lo que incluye, por supuesto, la aclaración de todo cuanto rodeó la confección y depósito notarial del documento redactado Olmo".

Excluir pruebas ilícitas

El escrito presentado al juez sostiene que "el radio de acción incriminador, objetivo y subjetivo, inherente a unos papeles cuya falsedad ha sido formalmente denunciada impone constatar su pureza". Cita, a este respecto, la doctrina del Tribunal Supremo según la cual "la exclusión de la prueba ilícita del material valorable por el órgano decisorio forma parte de las garantías del sistema constitucional y es una exigencia ética ligada a la fuente legitimante de la función jurisdiccional".

"Si está en discusión la posible falsedad de un documento que ha servido de base para la atribución de la condición de investigado a diversas personas", afirma el letrado, "parece razonable que lo primero a aclarar sea precisamente la validez o falsedad de aquel. Sólo acreditada la primera será legítimo dotar al documento de la eficacia indiciaria o probatoria pretendida".

La defensa subraya que, "al margen de la preterición procesal de la parte querellante", lo cierto es que la acción penal por falsedad contra Olmo fue admitida por un Juzgado de Bilbao "por revestir los hechos narrados en ella los caracteres de delito".

Por ello, la decisión de archivarla "sólo podrá ser adoptada cuando las diligencias de prueba practicadas evidencien de forma objetiva y clara, sin necesidad de interpretaciones subjetivas, la inexistencia de los hechos objeto de la investigación o la atipicidad de los que se demuestran existentes".

Pero en este caso "ninguna diligencia ha sido practicada en orden a comprobar la veracidad de lo sostenido por la parte querellante", remarca el defensor.

Olmo no denunció

El escrito subraya que Olmo era en 2004 el responsable del control de funciones corporativas en la compañía energética. "Su principal cometido era velar por que las facturas presentadas al pago fuesen regulares y correctas y que, en su tramitación, se hubiesen observado los procedimientos establecidos en el seno de la empresa. Pues bien, firma sin reparo todas las facturas que supone irregulares (sin su validación, nunca podrían haber sido pagadas) y, lejos de formalizar una denuncia ante las autoridades competentes -o, como poco, una denuncia a través de los canales corporativos expresamente previstos al efecto-, elabora un documento aparentemente oficial -con membrete de Iberdrola- que deposita en una notaría. Y allí habrían permanecido sus sospechas, sine die, si no hubiese sido por la incoación del presente procedimiento".

Destaca, de otro lado, que ni los superiores del controller ni Asenjo han confirmado la versión de Olmo. Éste reconoció al juez que no conoce a Galán pero "no me gusta como persona". También admitió que Marcos Peña "odia mucho a Galán" y “estaba continuamente buscando información por esos años para ver si le involucraba en alguna cosa sucia”.

Para la defensa, además, el depósito fue irregular porque, según la legislación notarial, "no resulta admisible la aceptación de un documento en depósito por parte del notario sin haber previamente procedido al examen del documento cuyo depósito se pretende, que fue lo que aquí aconteció".

El sobre contenía "una serie de facturas ilícitamente sustraídas por Olmo de Iberdrola", recuerda, "un extremo que, a buen seguro, habría llamado la atención de cualquier fedatario público".

A su juicio, "la sustracción de las facturas resulta típico [delictiva], con las evidentes consecuencias que se derivan del mandato contenido en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial". Según este precepto, no deben surtir efecto las pruebas ilegalmente obtenidas.

Dónde está el original

La defensa de Galán pide, por ello, la práctica de varias diligencias. De un lado, que declare como testigo el notario Luis Ramallo y se vuelva a llamar a Marcos Peña y Ángel Zarabozo, que fue el segundo de Peña en Iberdrola.

También señala que el fiscal, durante la declaración que ya prestó Zarabozo en enero de 2020, advirtió que el documento de Olmo de 1 de diciembre de 2004 era una copia.

"A los imprescindibles efectos de garantizar la autenticidad de tal documento, interesamos que, por el Juzgado, se requiera a José Antonio Olmo para que indique el archivo o ubicación exacta del original del documento, o proceda a la aportación del mismo si obrare en su poder", indica.