Tal y como le habían pedido España y los países del sur, la Comisión Europea ha presentado este miércoles un menú de opciones para frenar la actual escalada de la factura de la luz, que incluye la posibilidad de imponer topes a los precios de la electricidad y el gas. Sin embargo, el Ejecutivo comunitario no se decanta por ninguna de las alternativas y avisa de que todas ellas suponen importantes "costes y desventajas".

"No existe una única respuesta fácil para hacer frente a los altos precios de la electricidad dada la diversidad de situaciones entre los Estados miembros por lo que se refiere a su cesta energética, el diseño del mercado y los niveles de interconexión", concluye el estudio elaborado por Bruselas.

"Algunas opciones sólo son adecuadas para contextos nacionales específicos. Al mismo tiempo, algunas intervenciones requerirían una legislación de la UE o un enfoque común a nivel de la UE para ser eficaces y no poner en riesgo el mercado interior y la seguridad de suministro. Todas ellas conllevan costes y desventajas, también para el funcionamiento del mercado único", sostiene la Comisión.

Por todo ello, el Ejecutivo comunitario ha decidido pasar la pelota a los líderes europeos, que debatirán la crisis energética en la cumbre que se celebra el 24 y 25 de marzo en Bruselas. Sin embargo, los Veintisiete están profundamente divididos sobre la respuesta al alza de la luz. Alemania y los nórdicos se mantienen firmes en su rechazo a cualquier intervención en el mercado eléctrico, lo que hace imposible un acuerdo en el Consejo Europeo.

En concreto, el estudio de Bruselas examina cinco posibles medidas para intervenir a corto plazo en el mercado de la electricidad y del gas: una compensación por el precio del gas pagado por los generadores de electricidad; un precio tope para la electricidad en el mercado mayorista; una tasa para los beneficios extraordinarios de las eléctricas; un precio máximo para el gas en el mercado mayorista; y un sistema de compra conjunta de gas en la UE.

Por lo que se refiere a topar el precio en el mercado mayorista de la electricidad, Bruselas admite que provocaría una reducción directa de precios y recortaría los beneficios extraordinarios para las eléctricas. No obstante, esta medida generaría distorsiones comerciales y de competencia, aumentaría el riesgo de apagones, agravaría la dependencia respecto a los combustibles fósiles y obligaría a una regulación reforzada de las subastas.

El Ejecutivo comunitario avisa además de que se necesitaría financiación para compensar la diferencia entre el precio de mercado y el tope de precio. "Este coste sería más difícil de sostener para los Estados miembros con un espacio presupuestario más limitado", como es el caso de España, señala el estudio.

Tasa a los beneficios extraordinarios

Fijar un precio máximo para el gas comercializado en el mercado mayorista de la UE, tal y como defiende Italia, permitiría afrontar la causa fundamental de la subida de la luz y reduciría de inmediato los precios para los consumidores tanto del gas como de la electricidad. No obstante, esta medida debería aplicarse a nivel de la UE y pondría en riesgo la seguridad de suministro, ya que los proveedores podrían desviar el gas (especialmente el licuado) a otros países extracomunitarios que paguen precios más altos.

La medida que ahora mismo prefiere España consistiría en subvencionar el gas que se utiliza en la producción de electricidad. Esto permitiría a las compañías que usan gas en la generación ofrecer su electricidad a un precio más bajo en el mercado mayorista. Bruselas admite que esta opción rebajaría de inmediato el precio de la luz, pero le ve muchos inconvenientes.

En primer lugar, si sólo se aplica a nivel nacional, provocaría distorsiones comerciales y de competencia. Además, aumentaría el riesgo de apagones, puesto que la electricidad podría irse a países vecinos que paguen precios más elevados. La subvención al gas aumentaría la dependencia respecto a los combustibles fósiles y tendría también un impacto presupuestario. La subvención a las eléctricas tendría que pagarse con una contribución de los consumidores, avisa el Ejecutivo comunitario.

Por lo que se refiere a los impuestos sobre los beneficios extraordinarios de las eléctricas, una medida que Bruselas ya autorizó el pasado 8 de marzo y que España ya ha aplicado, su ventaja es que no interfieren en el funcionamiento del mercado, preservan la seguridad de suministro y generan ingresos para ayudar a los consumidores. No obstante, la Comisión apunta que esta medida no reduce los precios y elimina los incentivos para la inversión a largo plazo. Además, es "difícil" identificar el nivel adecuado del gravamen.

La única opción que convence mínimamente al Ejecutivo comunitario es la posibilidad de poner en marcha un sistema de compra conjunta de gas, siguiendo el modelo de la vacuna contra la Covid-19. No obstante, incluso en este caso Bruselas considera que la negociación centralizada, que se aplicaría sobre todo para el gas natural licuado, podría no tener éxito. 

Por todo ello, la única medida concreta que la Comisión ha puesto este miércoles sobre la mesa es una norma que fija en un 80% el nivel mínimo de almacenamiento de gas para el próximo invierno con el fin de garantizar la seguridad del suministro energético. Esta obligación se incrementará hasta el 90% en los próximos años.