Condenados a indemnizar con 64 millones a Hacienda por un fraude con el IVA de los derechos de emisión de CO2

Así consta en una sentencia de la Sala de lo Penal, que también impone penas de prisión de entre seis meses y un año y multas de hasta 22 millones de euros, en conjunto, a los acusados.

Los magistrados de la Sección Tercera les consideran culpables de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito contra la Hacienda Pública. Les aplica, no obstante, la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, lo que reduce sus condenas. A algunos de los procesados, además, la Sala les rebaja la pena por haber confesado los hechos.

Según relata el apartado de hechos probados, los condenados, con el fin de "lucrarse ilícitamente" y perjudicando a la Hacienda Pública, emplearon "un artificio para incorporar a su patrimonio el IVA" generado por los derechos de la comercialización de CO2.

Lo hicieron a través de lo que la sentencia califica de una estructura "pantalla", formada por varias sociedades "a las que se desplaza la obligación tributaria, que sistemáticamente incumplen".

Estas empresas reciben el nombre de trucha o missing traders. Se trata de compañías que venden un producto o servicio, cobran el IVA y después desaparecen sin remitirlo a las autoridades fiscales nacionales.

"Su objeto es ocultar y dificultar el descubrimiento del fraude para el que han sido creadas o utilizadas", recoge la sentencia. "En estas sociedades se hace recaer la obligación tributaria de ingreso del IVA en la Hacienda Pública, que incumplen", añade.

Para ello, emplearon facturas "ficticias" que respaldaban las operaciones de compraventa de derechos. El objetivo era el de "aparentar la existencia de un tráfico mercantil" que, en realidad, no existía.

22 millones de multa

La sentencia, de 135 folios y fechada el pasado 14 de julio, absuelve a cinco de los acusados, así como a las mercantiles Sistema Electrónico Negociación Emisión Dióxido de Carbono SL y Capital Markets Holding SA de la responsabilidad civil ejercida en su contra.

Todas estas sociedades están ilocalizables, no cuentan con personal contratado, no presentan ninguna declaración a la Hacienda Pública por las supuestas operaciones realizadas y "existe una desproporción entre el valor de las operaciones en las que participan, y los recursos económicos de los que disponen, o, que al menos, se hacen constar en las correspondientes escrituras públicas y en el Registro Mercantil".

La sentencia divide la estructura criminal en varios grupos —Pakistaní, Inglés I, Israelí, Francés, Inglés II...— según la nacionalidad de algunos sus miembros y de los entramados empresariales que los sustentaban. Y señala que, mediante este sistema, consiguieron eludir pagos a la Hacienda Pública que suman un total de 64 millones de euros y que, en el caso concreto de uno de los condenados, Jean Christophe L'Hospice, superó los 22 millones de euros.

L'Hospice ha sido condenado a un año y un día de prisión por un delito contra la Hacienda Pública, una multa de 22.028.000 euros y a indemnizar al fisco con la misma cantidad.