AEVECAR, AOP, CEEES y UPI se reunieron ayer con la CNMC para pedir un refuerzo en su labor de supervisión dentro de sus competencias, así como una mayor celeridad en la tramitación de expedientes sancionadores y un respaldo activo ante el Ministerio de Transición Ecológica para implementar las medidas solicitadas por el sector con el fin de combatir el fraude.

El sector reafirmó su disposición a colaborar estrechamente con la Administración para encontrar soluciones a este problema.

Los operadores y distribuidores de carburante han estado solicitando una actuación más contundente para eliminar el fraude en la distribución de carburantes, señalando que las modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, aún son insuficientes.

El sector ha mostrado satisfacción por el hecho de que la CNMC comparta algunas de sus demandas y esté trabajando en ellas, como mejorar la rapidez en la iniciación y tramitación de expedientes sancionadores, fortalecer su labor de supervisión y utilizar activamente todos los mecanismos disponibles para detectar comportamientos fraudulentos y anticompetitivos.

Asimismo, ha destacado la importancia de mantener una comunicación fluida y un intercambio constante de información con otros organismos competentes en la materia (Miteco, AEAT y CORES).

Las asociaciones firmantes subrayan que el fraude afecta diversas etapas de la cadena de valor y, por lo tanto, para erradicarlo es necesario adoptar medidas en diferentes ámbitos, coordinar los esfuerzos de los distintos organismos administrativos y aprovechar eficazmente la información disponible para una respuesta más ágil y efectiva contra el fraude.

Celebran las iniciativas que están siendo implementadas por las administraciones y hacen un llamado urgente a la adopción de medidas concretas y de carácter inmediato, dado que el fraude está teniendo un impacto negativo en la actividad del sector.

Este fenómeno promueve una competencia desleal y perjudica a las empresas que cumplen con la legislación vigente. Las compañías más vulnerables son las más afectadas, ya que ven amenazada su continuidad al no poder competir contra precios artificialmente bajos.

Además, recalcan las graves repercusiones de estas prácticas fraudulentas tanto en el sector como en la sociedad en general.