Inversores, fondos y promotores internacionales ya han puesto sobre la mesa del Ministerio para la Transición Ecológica una propuesta de acuerdo en el que ofrecen reinvertir en proyectos verdes parte de lo que España les debe. No solo en renovables, también en licitaciones de hidrógeno verde u otras tecnologías alternativas. 

"Estamos hablando de inversores, fondos y promotores internacionales de energías renovables, su objetivo empresarial es desarrollar proyectos, no estar enfrascados en procesos judiciales", explican a EL ESPAÑOL-Invertia responsables de la defensa jurídica del 80% de los afectados.

Los laudos internacionales ya han dictaminado sentencias que suman más de 1.800 millones de euros entre sanciones, costas e intereses. Y, por el momento, sigue en el limbo que los acreedores consigan que el Reino de España les pague lo que la justicia internacional dictamina.

Pero no es tan fácil. La Unión Europea ya ha invalidado los laudos de los arbitrajes internacionales al considerarlos ayudas de Estado.

"España no puede cumplir con lo que sentencian los arbitrajes internacionales, porque si lo hace, nos arriesgamos a que Europa nos pueda multar por considerar que esos pagos son ayudas de estado", explica Seguimundo Navarro, socio director del despacho de abogados inARB y árbitro (ArbP y MCIArb) en tribunales internacionales.

La Comisión Europea (CE) califica como "ayuda de estado" el régimen de primas a las renovables resultante del Real Decreto 413/2014. Por tanto, cualquier compensación que los Tribunales de Arbitraje Internacional impongan a España por modificaciones que introdujo el sistema no podrá abonarse directamente a los inversores afectados, sino que deberá someterse al análisis previo de la CE.

Pacto con el Gobierno

"Hay que buscar una solución a este proceso tan largo, y se están dando pasos por parte del Gobierno desde 2018. Mientras, estos acreedores seguirán buscando vías para recuperar su dinero, España alargará el proceso, porque es muy complicado que se embarguen los bienes de España en el extranjero", añade el letrado experto en arbitrajes internacionales.  

En 2019, Teresa Ribera, entonces ministra para la Transición Ecológica, aprobó un Real Decreto (RDL 17/2019) que incluía, además de una nueva retribución a las renovables, un pacto para poner fin de manera masiva a las decenas de estos litigios internacionales y también para evitar que otros pleitos se abrieran en el futuro.

El objetivo fue aplicar con carácter general una ligera rebaja de la tasa de rentabilidad razonable de las plantas renovables, desde el 7,39% hasta el 7,09% entre 2019 y 2025. 

"Entonces se acogieron solo algunas empresas, pero si hay nuevas negociaciones entre Teresa Ribera y los afectados, podría haber un fin a este largo proceso", puntualiza Seguimundo Navarro.

Embargos cautelares

Los acreedores han identificado más de 400 activos españoles en el extranjero, incluidos bienes inmuebles y activos financieros que pueden ser objeto de órdenes de embargo como forma de compensar a los afectados y revertir la situación que están sufriendo.

"En febrero de 2023, la justicia británica autorizó la incautación de la indemnización reconocida a España por la catástrofe del barco Prestige, un activo financiero valorado en más de 925 millones de euros", explican desde la plataforma de promotores internacionales afectados.

En su web, Spanish Renewable Debt, se señala que existe la posibilidad también de embargar la sede del Instituto Cervantes y la sede de la Agencia para la Competitividad de la Empresa de la Generalidad de Cataluña (ACCIÓ) en Londres.

Mientras se alarga este proceso, en un camino interminable sin fin, el total adeudado por España suma más de 1.800 millones de euros, de los cuales más de 317 millones sólo son intereses de demora.