Así lo revelan los datos Asociación de Empresas Eléctricas (Aelec), que ha compartido con EL ESPAÑOL-Invertia. Concretamente, las principales distribuidoras de energía eléctrica en España recibieron el año "solicitudes por una potencia de 30.700 megavatios (MW)", lo que significa que se han multiplicado "casi por seis veces con respecto a 2021", asegura a este medio Marta Castro, directora de regulación de Aelec.

"Resulta ser mayor a la suma de potencia de las solicitudes de demanda de 2020 a 2022 (24.400 MW)", apunta Castro, quien añade que estas solicitudes de acceso en 2023 se han duplicado con respecto a 2022.

Precisamente este atasco eléctrico fue uno de los temas que Aelec trajo al centro del debate en su VI Congreso, celebrado este jueves en Madrid. "Es urgente impulsar las redes eléctricas que se necesitan para facilitar la demanda de la electricidad en la industria, el transporte y el consumo residencial y de servicios", demandó Marina Serrano, presidenta de la asociación, en su discurso inaugural.

"Las demandas de los vehículos eléctricos se han multiplicado por cuatro en los últimos años, mientras que las de los centros de datos y el almacenamiento son ocho veces superiores", alertó Castro este jueves ante los invitados.

Según reveló, las peticiones de acceso del almacenamiento han alcanzado los 10 GW de potencia. "Nos piden una capacidad flexible que no podemos dar y esto está generando un cuello de botella al que hay que dar respuesta y rápido", afirmó. 

Marina Serrano, presidenta de Aelec, en el discurso inaugural del VI Congreso. Aelec

La patronal solicitó al Gobierno que la nueva regulación incluya las inversiones anticipatorias en redes. Se trata de una estrategia proactiva que busca reforzar y expandir la infraestructura eléctrica en función de las necesidades futuras proyectadas, más allá de las demandas confirmadas actuales.

Este enfoque implica realizar inversiones en la red antes de que surjan necesidades críticas, con el objetivo de preparar el sistema eléctrico para la creciente demanda de capacidad, la integración de energías renovables y los cambios tecnológicos asociados a la transición energética.

En declaraciones antes la presenta, Marina Serrano reveló que en las alegaciones que Aelec ha presentado a la nueva regulación que elabora la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) también han demandado una tasa de retribución financiera para las inversiones de las empresas eléctricas acorde con la realidad de los mercados.

La actual tasa de retribución a las eléctricas en España, contemplada para el periodo regulatorio 2020-2025, está fijada en un 5,58%. Mientras, países como Alemania, Grecia, Italia, Irlanda, Estados Unidos y otras regiones de Latinoamérica disponen de tarifas que rondan valores de entre 7% y 9%.

Distintas compañías distribuidoras han reclamado una tasa similar, que tenga en cuenta el incremento de la inflación y de los tipos de interés que se registra en los últimos años, así como el requerimiento de inversión en redes que supone la estrategia energética nacional.

Adicionalmente, la infraestructura de distribución cuenta con un límite máximo de inversión correspondiente al 0,13% del Producto Interior Bruto (PIB), excluyendo las inversiones relativas a la digitalización (actualmente en revisión por el Gobierno para su eliminación o modificación). Las eléctricas insisten en que se trata de un tope carente de sentido.