Plantas fotovoltaica y eólicas.
La Justicia de EEUU reconoce un laudo de renovables y abre la puerta a iniciar embargos de bienes a España
La Corte de Distrito aprueba la ejecución de un laudo que concede a la japonesa JGC una compensación de 23,51 millones.
27 septiembre, 2024 11:06Nueva sentencia judicial clave contra España por la reducción de incentivos a las energías renovables. Un tribunal federal de los Estados Unidos ha autorizado la ejecución de un laudo arbitral que favorece a una de las compañías afectadas por la retirada retroactiva de las primas renovables.
Con este fallo, ligado al caso que afecta a la japonesa JGC Corporation, la empresa podrá iniciar procedimientos para la recuperación del dinero pendiente de pago a través del embargo de activos comerciales de España en territorio estadounidense.
Este litigio surgió tras cambios regulatorios en el sector energético en España, que según el laudo emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), violaron las garantías legales asumidas por España al firmar el Tratado de la Carta de la Energía (TCE).
En consecuencia, JGC fue indemnizada con 23,51 millones de euros, además de intereses de demora de 5,5 millones de euros y reembolso de costes legales de 2 millones. Es decir, podría solicitar un total de 31 millones de euros.
El arbitraje, que abarcó dos plantas termosolares en Andalucía, comenzó en 2015 y finalizó en 2021. La Corte de Distrito de Estados Unidos ha rechazado los argumentos de España, que cuestionaban la jurisdicción del tribunal arbitral y la compatibilidad del laudo con la legislación de la Unión Europea.
El tribunal estadounidense ha considerado que el laudo debe ser ejecutado como si fuera una sentencia local, conforme a la legislación vigente y los compromisos internacionales del Convenio Ciadi, que obliga a los países firmantes a reconocer y garantizar el pago de estos laudos.
El juez Rudolph Contreras ha reafirmado la postura de la Corte de Distrito, que previamente había rechazado la petición de España de frenar este tipo de demandas.
"Un juzgado estadounidense ha reconocido que el laudo es vinculante, pero ello no implica tenga capacidad de ejecutarlo y embargar bienes españoles; para ello hace falta que se inicie un nuevo procedimiento en el que el Estado español podrá esgrimir argumentos de oposición", aseguran fuentes de Transición Ecológica.
El proceso de identificación de activos embargables ha revelado bienes por más de 5.000 millones de euros. Además, la Corte Suprema de Australia también falló contra España, aunque aún no se han iniciado embargos en ese país, ya que las empresas afectadas han dado prioridad a otras acciones.
Además del caso de JGC, España enfrenta otros 25 laudos pendientes que suman 1.562 millones de euros en indemnizaciones, más 321 millones en intereses de demora y costes legales. Los inversores afectados exigen una solución negociada para poner fin a los incumplimientos, reactivar la inversión "verde" en España y evitar más embargos internacionales.
