Fotomontaje de un surtidor de gasolina con un mazo judicial y dinero.
El Gobierno lleva al Congreso su plan para acabar con el fraude del IVA en hidrocarburos: igual al que el PP presentó en marzo
- Las enmiendas incorporadas por el grupo socialista para la ley del IVA coinciden con las peticiones del sector de los hidrocarburos.
- Más información: Hacienda prepara ahora medidas fiscales para evitar fraudes en hidrocarburos como el de la trama de Aldama
El fraude del IVA en los hidrocarburos podría tener sus días contados. Este lunes, el Gobierno lleva al Congreso un Proyecto de Ley con unas enmiendas que, casualmente, coinciden con las que el Partido Popular propuso en marzo pasado para acabar con estas prácticas ilegales, y que cuentan además con el beneplácito del sector.
Se incluyen en el Proyecto de Ley por la que se establece un Impuesto Complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud. Es lo que se conoce como "solución a la italiana", porque fueron medidas que aprobó Italia para acabar con el mismo fraude fiscal, y que sólo en 2023 hizo un agujero que drenó casi 2.000 millones de euros de recaudación a la Hacienda Pública.
"Están en la línea de lo que venimos planteando desde hace meses y hemos defendido ante las diferentes instituciones", han señalado fuentes del sector petrolífero a EL ESPAÑOL-Invertia.
Después, el texto se votará en el Pleno del Congreso y de ahí pasará al Senado, donde también se votará antes del volver al Congreso, en caso de que la Cámara Alta no lo aprobara. Por eso, "estamos a sólo unas pocas votaciones de poder poner en marcha una solución contundente y determinante frente a un fraude fiscal que además distorsiona el mercado de los carburantes", añaden las mismas fuentes.
El PP registró estas mismas enmiendas en el Proyecto de Ley procedente del RD-L 8/2023, por el que se adoptaban medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, que "sigue empantanado en el Congreso".
"Solución a la italiana"
Las enmiendas del grupo socialista, al igual que propuso el Partido Popular hace meses, estrechará, en la práctica, la posibilidad a darse de alta como operador petrolífero, si no se cuentan con grandes recursos económicos.
El sistema garantiza a la Administración el pago del IVA correspondiente, mediante la presentación del aval o la demostración de que se trata de un operador confiable, antes de que se puedan extraer los carburantes del depósito.
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En las enmiendas propuestas por el Grupo Socialista en el Congreso (por indicación del equipo de Montero), el Ejecutivo propone que la declaración o liquidación del IVA para las operadoras de petróleo (que tienen que figurar en un registro de depósitos fiscales) sea mensual en vez de anual, como está tipificado ahora mismo.
Por otro lado, la identificación de las comercializadoras se va a cambiar y reformular. Las empresas que quieran llevar a cabo esta actividad de intermediación (importar combustibles de mayoristas para vendérselo en España a pequeños distribuidores) y operar en este sector tendrán que tener o cumplir, al menos, una de las siguientes tres condiciones, según la propuesta del Gobierno.
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La primera, ser un operador económico autorizado a efectos de la normativa aduanera de la Unión Europea.
La segunda, "constituir y mantener una garantía que garantice el ingreso del IVA correspondiente a las entregas". Es decir, adelantar el pago del impuesto.
Y la tercera, ser un "operador confiable reconocido por la Administración tributaria". Es una condición que sería de nueva creación. "Será reconocida a los sujetos pasivos inscritos en el registro de extractores que tengan un volumen mínimo de extracciones durante el año anterior y hayan realizado operaciones al por mayor durante los tres años anteriores, siempre que, además, quede acreditada su solvencia financiera", dicen las enmiendas.
A favor y en contra
Las patronales Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles (Aevecar), Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) y Operadores Independientes del Sector Energético (UPI) ya se posicionaron a favor con un comunicado conjunto en marzo a esta solución.
La única patronal que se ha mostrado abiertamente en contra ha sido AOPYDE (Asociación de Operadores y Distribuidores Petrolíferos), que además denuncia el bloqueo en el registro de operadores y falta de transparencia en el Ministerio de Transición Ecológica y de Hacienda.
Según han comunicado, este bloqueo prolongado está asfixiando a pequeñas y medianas empresas del sector, que se ven incapaces de competir en igualdad de condiciones frente a las grandes petroleras.
Aseguran que desde hace varios meses, el Ministerio de Transición Ecológica ha dejado sin respuesta las solicitudes de numerosos operadores que, tras superar todos los trámites y verificaciones, esperan su incorporación o reactivación en el REDEF (Registro de Extractores de Depósitos Fiscales), paralizado por Hacienda sin motivo alguno. "En una práctica que recuerda a la trama de la película Minority Report, donde se sanciona de manera preventiva sin que se haya cometido ninguna infracción", aseguran.
Pero no solo. Denuncian que la inminente modificación de la Ley de Hidrocarburos, junto con la aprobación de un gravamen al diésel en lugar de un impuesto a las grandes energéticas, está creando un marco desigual e injusto que favorece a las grandes petroleras y limita la libre competencia.
