Bruselas lanza un ultimátum a España por no aplicar en su totalidad la directiva para impulsar las renovables
- La Comisión llevará a nuestro país ante el TJUE si no adopta medidas correctivas en el plazo máximo de dos meses.
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La Comisión de Ursula von der Leyen lanza un ultimátum contra España por no aplicar en su totalidad la directiva para fomentar las energías renovables, pese a que el plazo para incorporarla a la legislación nacional expiró el 30 de junio de 2021. Si el Gobierno de Pedro Sánchez no adopta medidas correctivas en dos meses, Bruselas podría presentar una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Además de a España, el Ejecutivo comunitario ha enviado dictámenes motivados adicionales a Irlanda, Francia y Hungría por no haber transpuesto plenamente las normas de la UE sobre el fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables. Se trata de la segunda fase del procedimiento de infracción que lanza Bruselas cuando un Estado miembro incumple la legislación comunitaria.
La directiva en cuestión establece el marco jurídico para el desarrollo de las energías renovables en la electricidad, la calefacción, la refrigeración y el transporte de la UE. Establece un objetivo vinculante a escala de la UE para 2030 en materia de energías renovables e incluye normas específicas para las garantías de origen.
Las garantías de origen son certificados electrónicos para informar a los clientes finales sobre el porcentaje de energía procedente de fuentes renovables en la combinación energética de un proveedor. La directiva incluye además criterios de sostenibilidad y de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para los biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa, así como normas sobre la verificación de que estos combustibles cumplen dichos criterios.
El expediente contra España y los otros tres países sancionados se centra precisamente en estas cuestiones de los certificados electrónicos y la sostenibilidad. Bruselas ha detectado lagunas de transposición en relación con las disposiciones sobre garantías de origen de la energía procedente de fuentes renovables.
La Comisión también denuncia otros problemas de transposición relativos a los criterios de sostenibilidad y de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de los biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa.