La patronal de la industria digital Ametic ha mostrado su apoyo a la decisión del G20 de seguir adelante con el plan de trabajo propuesto por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para replantear la fiscalidad internacional en una economía digitalizada y diseñar una esquema consensuado a nivel global.

En un comunicado, la asociación, que viene defendiendo que la fiscalidad debe ser adoptada de una manera global e internacional y nunca de forma unilateral y sin aislar lo digital del resto de la economía, se muestra satisfecha con los trabajos iniciados en el seno de la OCDE para resolver estos desafíos impositivos de forma consensuada y mediante un amplio acuerdo político.

De la propuesta de la organización, destaca el rechazo y temor que el organismo internacional manifiesta ante el creciente número de "impuestos digitales" que están surgiendo en numerosos países. Así, resalta que, a tal efecto, la OCDE advierte de que no conviene aislar la actividad de las empresas que operan en el entorno digital, sino que debe tenerse en cuenta el impacto de cualquier medida que se tome en materia de tributación sobre el conjunto de la economía.

Asimismo, añade que con el visto bueno de los ministros de Finanzas del G20 se fortalece el poder de la OCDE en encontrar un acuerdo internacional y el impulso político al ambicioso calendario de trabajo. En este sentido, remarca que el grupo de trabajo de la OCDE, el denominado Marco Inclusivo, doblará sus esfuerzos para continuar en la senda prevista, con el objetivo de tener un acuerdo final para el 2020.

Ametic recuerda que se posicionó en contra del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (IDSD) planteado por el Gobierno de España a finales del año pasado al ser una decisión unilateral que podía afectar "muy negativamente" a la economía española, y ya entonces insistió en que cualquier medida debía concebirse dentro del marco global de la OCDE y regular a todos los países por igual para evitar la fragmentación del sistema impositivo global y la creación de ineficiencias.

En concreto, sostiene que una nueva fiscalidad digital propuesta de forma unilateral y sin consenso entre los países más desarrollados afecta al principio de seguridad jurídica, altera de forma negativa la legitimidad de un sistema tributario internacional caracterizado por su coordinación transfronteriza y tendrá un impacto local y negativo en la inversión, la digitalización, la conectividad y en empresas y consumidores que acceden a los servicios digitales.

Asimismo, la patronal tecnológica recuerda que este tipo de impuestos terminan siendo repercutidos en las empresas usuarias de los servicios digitales y en el consumidor final.