La cancelación del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona que debería estar realizándose esta semana en Barcelona ha causado un inesperado cisma entre la Administración catalana y el Gobierno. Una división que va a más y que, de mantenerse, pondría en serio riesgo la continuidad del evento en la Ciudad Condal más allá del año 2023.

El último desencuentro se produjo esta semana en un evento que -como contó este periódico- pretendía aunar esfuerzos de todas las administraciones y de las empresas para reivindicar a Barcelona como el mejor escaparate tecnológico tras la cancelación de este año del MWC por el temor al contagio de coronavirus.

Pero todo se torció y lo que iba a ser un evento unificador y multitudinario se transformó en una discreta reunión de la ministra Nadia Calviño con un grupo seleccionado de empresas y sin ningún tipo de apoyo institucional de la Generalitat ni del Ayuntamiento de Barcelona.

El evento no contó con la participación de firmas claves para el desarrollo digital en España como Vodafone, Ericsson o Nokia, empresas que, coincidentemente, presionaron con su renuncia la cancelación del evento.

Vodafone y Ericsson manifestaron públicamente su sorpresa por ser excluidos de la convocatoria, un desconcierto que se produjo en todo el sector tecnológico.

Foto de familia de la reunión entre Calviño y los directivos de empresas tecnológicas.

En este misma línea, al ver la foto posterior al encuentro, muchas operadoras se mostraron sorprendidas al constatar que se realizó en la Delegación del Gobierno en Cataluña y no en la Generalitat ni el Ayuntamiento.

No obstante, si se conoce el contexto y la intrahistoria es más fácil entender cómo se ha llegado a este punto de ruptura. Y para entenderlo debemos viajar hasta el 13 y el 14 de febrero.

En 20 horas de infarto el organizador del evento, la patronal de las telecos GSMA, realizó múltiples gestiones para lograr el apoyo de la Generalitat y el Ayuntamiento en la cancelación del evento.

Con ello se conseguía el necesario apoyo institucional para tomar una decisión de estas características y además la organización se garantizaba que ninguna administración ejerciese acciones legales ni pidiese indemnizaciones a la GSMA.

Después de algunas reticencias iniciales, las administraciones catalanas decidieron cerrar filas bajo la promesa de que el Mobile se quedaría más allá de 2023 en Barcelona. No obstante, ante las circunstancias decidieron centrarse en sacar adelante la feria de 2021.

Reacción de las ministras

Un apoyo que se manifestó claramente al día siguiente en una conferencia conjunta en la que todos -administraciones catalanas y GSMA- estuvieron de acuerdo en que era una decisión difícil pero entendible y que había que trabajar juntos en el Mobile de 2021.

El problema es que el Gobierno central se desmarcó completamente de este acuerdo. El mismo 13 de febrero el ministro de Sanidad Salvador Illa indicó en Barcelona que no había ningún riesgo de coronavirus, aunque un par de horas después se hizo oficial la cancelación del evento.

De hecho, tras la cancelación en Moncloa nunca terminaron de encajar el golpe que se calificó de un duro varapalo a su credibilidad internacional. Al día siguiente de la decisión se hasta cuatro ministras salieron -Carmen Calvo, Nadia Calviño, Reyes Maroto y Yolanda Díaz- a decir que no entendían la cancelación e insinuaron que veían "otras" razones en la decisión de las empresas de no asistir al Mobile.

Del mismo modo, Moncloa negó que fuese necesario declarar "alerta sanitaria" en España por el coronavirus con lo que complicó la posición de la GSMA y el Mobile y abrió la puerta a que las millonarias indemnizaciones por la cancelación recayesen directamente en el organizador exculpando a las aseguradoras.

Una situación que está obligando a las propias operadoras de telecomunicaciones a hacer 'lobby' para evitar que estas demandas se produzcan. 

Renovación del Mobile

Y la puntilla a esta situación fue la reunión de este lunes -el mismo día de la inauguración prevista del suspendido Mobile-, que lejos de lograr unidad del sector y de las administraciones generó más división entre quienes debían remar juntos para mantener el evento en Barcelona. 

Una situación que ya preocupa a las administraciones catalanas que esperan renovar el acuerdo marco con la GSMA más allá de 2023. En 2015, la GSMA y Barcelona ampliaron su acuerdo -que vencía en 2018- por cinco años hasta 2023 y la idea de la la Generalitat era poder ampliar este acuerdo otros cinco años en este Mobile.