El Gobierno seguirá pagando el Mobile hasta 2024 a cambio de una rebaja en su cuota

El Ejecutivo ha aprobado este martes un real decreto por el que garantiza la financiación pública del Gobierno central para la celebración del Mobile World Congress en Barcelona hasta el año 2024. Del mismo modo, ha acordado con la empresa organizadora, la GSMA, una rebaja en esta aportación para compensar la cancelación de este año por el coronavirus.

"El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que impulsa la celebración del Mobile World Congress, ampliando la celebración de este tan importante evento en Barcelona hasta el año 2024", ha anunciado la ministra portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero, durante la rueda de prensa posterior a la cita en Moncloa.

Además, para recuperar parte de las pérdidas tras la cancelación de la edición de 2020, Montero ha explicado que "se ha llegado a un acuerdo con la organizadora -GSMA- para ofrecer a la Administración General del Estado una tarifa reducida para 2021 en compensación a los gastos a los que hubo que hacer frente".

En el último contrato firmado con la GSMA que ampliaba el acuerdo hasta 2023, las administraciones se comprometieron a pagar 165 millones de euros para que el congreso se siguiese celebrando en Barcelona, 55 millones del Gobierno central, 55 millones de la Generalitat y 55 millones del Ayuntamiento de Barcelona.

El pasado 15 de abril el Mobile World Congress (MWC), confirmó su presencia en Barcelona hasta el año 2024, un año más de lo inicialmente previsto, para compensar la anulación del evento de este año a causa del coronavirus.

Acuerdo con el Gobierno

Así lo acordaron la asociación GSMA, organizadora del MWC, y el Gobierno, la Generalitat, la Fira de Barcelona y los ayuntamientos de Barcelona y de L'Hospitalet de Llobregat. No obstante, faltaba por cerrar los flecos económicos, por lo que el anuncio de este martes garantiza el apoyo gubernamental al menos hasta 2024 y con una tarifa reducida en los costes.

Con ello el Gobierno se compromete a pedir indemnizaciones a la GSMA, una posibilidad que ha estado sobre la mesa hasta hace pocas semanas. Precisamente hace un mes el Ejecutivo solicitó al Consejo de Estado un informe para valorar si finalmente pedían indemnizaciones por el evento que no se realizó este 2020-

"Se solicita a la Comisión Permanente del Consejo de Estado la emisión de dictamen con carácter urgente, antes del día 1 de junio, en relación con el proyecto de Real Decreto por el que se acuerda transigir con «Groupe Speciale Mobile Association» (GSMA), respecto de las consecuencias derivadas de la cancelación del Mobile World Congress en Barcelona previsto entre el 24 y el 27 de febrero de 2020", decía la referencia publicada tras el Consejo de Ministros de finales de mayo.

Este periódico informó de que solo los participantes -principalmente fabricantes- podrían exigir indemnizaciones por encima de los 170 millones de euros por el coste de los espacios contratados y la logística del evento. De esa cifra, cerca de 120 millones de euros proceden del alquiler de los espacios. La exhibición tenía previsto poner en marcha 120.000 metros cuadrados que se alquilan a una media de 1.000 euros. 

Indemnizaciones

A esa cantidad hay que sumarle otros 56 millones de euros en la devolución de las entradas. Según la GSMA, había vendidos unos 70.000 tickets que, en su precio más bajo, se compran por 800 euros. Una cifra que se completa con el coste del diseño del stand y su fabricación, las azafatas, los hoteles y billetes de avión o transfers que pudieran estar ya contratados y que tienen una penalización en caso de cancelación.

Frente a esta situación, a finales de febrero del año pasado las principales telecos europeas movieron ficha y se lanzaron a convencer a los fabricantes y tecnológicas -con las que tienen muy buena relación- para que desistan de realizar cualquier acción legal contra la GSMA exigiendo indemnizaciones.

Es por ello que este apoyo gubernamental despeja el terreno para comenzar a negociar las próximas renovaciones. Habitualmente se suele negociar una renovación por cinco años, tres cursos antes de la finalización del contrato en vigor, pero tras el lío de 2020 todo tipo de negociaciones se han frenado. El objetivo ahora es poder renovar más allá de 2024 como viene siendo habitual.