Ley de 'telecos': las operadoras piden cambiar la fiscalidad y apoyo público a la tarifa social

Las operadoras de telecomunicaciones pedirán al Ejecutivo que emprenda una reforma fiscal a nivel local, que flexibilice el uso de la numeración geográfica y que se asuma con dinero público el coste que tendrá la puesta en marcha de la nueva tarifa social. Éstas serán algunas de las solicitudes que el sector hará al Gobierno en el marco de la audiencia pública de la Ley de Telecomunicaciones.

El proceso se cierra el próximo 14 de octubre, pero la idea de las compañías es tener un primer borrador que unifique todas sus propuestas esta misma semana. Según ha podido confirmar Invertia, DigitalES, la patronal del sector, será la encargada de coordinar estas sugerencias y espera tener un primer documento común antes del próximo lunes.

En él se incluirán las propuestas de todos los socios, entre los que se encuentran empresas de la talla de Telefónica, Orange, Vodafone, MásMóvil, Euskaltel, así como empresas de infraestructuras de redes como Cellnex y tecnológicas como Ericsson, Cisco, ZTE, Nokia, IBM, Altran o Everis. 

De esta manera, el documento consensuado se enviará a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones para que pueda valorarlo de cara al texto definitivo de la Ley que espera enviar al Congreso antes de que finalice el año.

¿Y qué incluirá? Las informaciones recogidas por Invertia indican que no será muy diferente a las demandas históricas del sector, muchas de las cuales no están contenidas en el cuerpo legal que presentó hace unas semanas el Gobierno.

Tasas locales

De esta manera, la principal seguirá siendo la necesidad de la reforma fiscal a nivel local. Históricamente, las operadoras han defendido que su aportación fiscal está muy por encima de su actividad, principalmente porque deben pagar una serie de tasas e impuestos locales, que muchas veces obedecen a los mismos servicios.

El sector telco representa el 2,9% del PIB español, sin embargo, sus empresas aportan el 30% del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) total recaudado por la AEAT por cuotas nacionales y provinciales. Es por ello por lo que el sector viene pidiendo desde hace años que se unifiquen las tasas locales, provinciales y autonómicas para simplificarlas y reducir su factura final.

Otro de los puntos que al sector le parece pertinente es la flexibilización el uso de la numeración geográfica. Desde hace décadas se utilizan prefijos para zonas concretas, pero en el sector piden que el Ejecutivo abra la mano y -en un contexto en que el uso de los teléfonos fijos ha quedado rezagado respecto al móvil- se pueda desregular el tema.

El tercer punto que las operadoras destacan es la puesta en marcha de la nueva tarifa social. Invertia contó que el Gobierno ultima la normativa que obligará a las operadoras de telecomunicaciones a ofrecer un bono social para colectivos desfavorecidos y con pocos recursos, y así garantizar el acceso universal a internet establecido en la Ley de Telecomunicaciones. Es decir, tarifas a bajo coste con un mínimo de requisitos de conectividad.

Queda por definir -se hará en el Real Decreto posterior a la Ley- cuáles serán los requisitos que deberán cumplir los consumidores que tengan rentas bajas (y cómo de bajas deben ser sus rentas) y qué velocidad de internet debe ser la mínima exigida para garantizar determinados servicios básicos. Es decir, que tipo de conexión deberán incluir las operadoras en este bono social. 

Bono social

En este sentido, las operadoras no ven con malos ojos el proyecto, aunque piden una implicación pública en su financiación. Hasta ahora el bono social eléctrico (que sirve de inspiración al proyecto) se paga en un 60% por la administración y el 40% las operadoras y la idea es que este sistema sea la base a partir del cual se desarrollará el bono social de internet.

En estos momentos, la parte pública del bono eléctrico la pagan los Ayuntamientos, pero las compañías del sector se quejan de que las Administraciones no suelen cumplir con los plazos y los pagos. En las telecos quieren un compromiso público de que se sufrague puntualmente el coste de tener tarifas rebajadas para colectivos socialmente vulnerables.