El Gobierno dice que cumple con las exigencias de Bruselas en las ayudas al 5G ante el recurso de Vodafone y Huawei

En los últimos días se ha conocido que Vodafone y Huawei han decidido recurrir la orden de bases del programa UNICO 5G Redes Activas, publicada a finales de junio, al considerar podrían conllevar un veto a los proveedores chinos y, en consecuencia, dificultar el acceso a las ayudas a los operadores más expuestos a estas compañías.

Sin embargo, fuentes cercanas al Gobierno han señalado a EL ESPAÑOL-Invertia que estas bases son fruto de años de trabajo y de diálogo con todas las partes implicadas y permitirán alcanzar el objetivo de impulsar el despliegue del 5G, cumpliendo al mismo tiempo con las exigencias de la Comisión Europea (CE).

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De hecho, la convocatoria de estas ayudas, financiadas con los fondos Next Generation, se ha retrasado precisamente por las complicadas negociaciones entre el Gobierno español y las autoridades europeas, ya que se trata de un programa único en Europa. Las fuentes recuerdan que es la primera vez que se autoriza a un país a financiar con dinero público los despliegues de la parte actividad de la red.

Asimismo, reconocen el derecho de las compañías a recurrir las bases, pero confían en que, cuando llegue el momento de resolver dichos recursos, se confirmen y validen las razones que llevaron al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a tomar esta decisión, como ha ocurrido en los recursos presentados en el pasado contra decisiones anteriores.

Proveedores de riesgo

El motivo que ha llevado a Huawei y Vodafone a presentar sus recursos ha sido la prohibición de emplear equipos, componentes, integraciones de sistemas y software asociado en los elementos críticos de las redes 5G que procedan de proveedores que hayan sido designados como de alto riesgo por España.

Además, las bases contemplan que en el caso de que un proveedor haya sido incluido en esta categoría después de concederse la ayuda y realizarse el despliegue, el operador tendrá dos años para retirar equipamiento de ese fabricante y sustituirlo por otro. Desde los operadores critican que sean las compañías las que tengan que asumir íntegramente el coste de este cambio.

Infografía con el logo de 5G sobre una mapa de España. Medinamedia / Europa Press

Hoy por hoy, el Gobierno español no ha identificado todavía a ningún proveedor como de alto riesgo para la seguridad del país, pero en los últimos meses la Comisión Europea ha incrementado las presiones para que los Estados miembros valoren excluir de sus despliegues de quinta generación a compañías chinas como Huawei o ZTE.

De hecho, las fuentes recuerdan que el pasado mes de junio Bruselas instó a los estados miembros a implementar "sin demora" la caja de herramientas de ciberseguridad dada la importancia de la conectividad 5G y consideró justificadas las medidas adoptadas por varios países de vetar a los dos proveedores chinos en los despliegues.

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Semanas después, la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, confirmó que la propia CE restringirá el acceso de los fabricantes chinos Huawei y ZTE a los programas e instrumentos de financiación de la Unión Europea porque representan "riesgos materialmente mayores que otros proveedores de 5G".

Sin embargo, según recoge Europa Press, desde Huawei consideran que las bases contienen "una provisión contraria a derecho y desproporcionada" y busca "excluir a ciertos suministradores en función de criterios políticos arbitrarios".

Competencia

Desde Vodafone consideran que las bases reguladoras son "injustas" en cuanto a lo referente a los proveedores chinos y piden su modificación. De hecho, avisan de que penalizan a las operadoras que los utilizan, la propia Vodafone y Orange, y favorecen claramente a Telefónica, que tomó la decisión hace años de trabajar en España con Ericsson y Nokia.

En este contexto, las fuentes cercanas al Gobierno han recalcado a este diario que durante todo el proceso se ha escuchado a todas las partes y se han explicado con transparencia todos los aspectos. Además, se ha hecho "todo lo posible" para que haya el reparto más equitativo posible de las ayudas y la mayor competencia.

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Precisamente, con este fin, hace tanto sólo unos días se incluyó en las bases reguladoras una limitación en cuanto al número máximo de provincias en las que un operador puede resultar ser primer adjudicatario de las ayudas, que finalmente ha quedado fijado en 30.

En el caso de que en alguna de las zonas elegibles solo haya un proyecto que cumpla los requisitos "se le podrá otorgar hasta el 100% de la financiación disponible", mientras que si en una misma provincia más de un proyecto cumple las exigencias "el mejor valorado podrá obtener como máximo una ayuda correspondiente al 75% de la cuantía máxima asignada".

Fuentes del sector consideran esta medida un buen paso, pero insuficiente. Así, apuntan que puede darse el caso de que Telefónica supere ese límite máximo si Vodafone y Orange deciden no presentarse en una provincia por evitar riesgo de que a futuro ciertos proveedores sean declarados de riesgo, dejando sola a Telefónica.

Las fuentes señalan a este periódico que es lógico que Telefónica se lleve gran parte de las ayudas por su "acertada" decisión adoptada hace unos años de no trabajar con proveedores chinos, pero no esperaban tanta descompensación.