En un informe, el operador del mercado español explica que fueron los sucesivos procesos de salida a Bolsa y privatización de grandes empresas públicas de finales de los años 90 los que provocaron la gran reducción la participación de las Administraciones públicas en las empresas cotizadas españolas.

Si en 1992 esta participación llegó a ser del 16,6%, a finales de 1998 bajó hasta el 0,6% como consecuencia de la colocación a través del mercado bursátil de importantes participaciones accionariales que pasaron a manos de accionistas tanto individuales como institucionales, nacionales y extranjeros. Ahí están los casos de Telefónica, Endesa, Repsol o Iberia. 

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Durante más de una década se mantuvo en niveles residuales, hasta que repuntó al 2,3% en 2013, a causa de las ayudas públicas que recibieron algunas entidades bancarias y en concreto la nacionalización de la entidad bancaria Bankia a raíz de la crisis financiera y de deuda soberana de los años entre 2008 y 2014.

En la actualidad, y tras la fusión con Bankia, el Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) posee el 17,3% de CaixaBank. La herencia de la intervención bancaria vale, a precios actuales, unos 4.900 millones de euros.

Pero quizá la inversión del Estado en CaixaBank no conste en las próximas estadísticas de BME. La semana pasada el Gobierno abrió la licitación para la contratación de un asesor para la estrategia de desinversión en la entidad, según figura en el Portal de Contratación del Estado.

Otras de las participaciones más relevantes del Estado es la que, a través de Enaire, tiene en Aena. De hecho, es el accionista mayoritario del gestor aeroportuario nacional, al poseer 76,5 millones de acciones o el 51% de su capital. Este paquete accionarial tiene un valor de unos 10.470 millones de euros.

La SEPI

Más allá del FROB o de Enaire, el Estado articula su presencia en las cotizadas españolas mediante la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), a través de esta sociedad, España es el accionista de referencia en Indra, al contar con el 25,16% de su capital. El porcentaje equivale a unos 1.600 millones de la capitalización total de la compañía.

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La SEPI también es el principal accionista de Redeia, de la cuenta con un 20% del capital, mientras que comparte la primera posición en el capital de Enagás con Amancio Ortega. Tanto el Estado como el fundador de Inditex tienen un 5% del gestor del sistema gasista español.

España también es uno de los principales inversores de Ebro Foods, ya que, de nuevo a través de la SEPI, cuenta con un 10,36% de su capital. Asimismo, la sociedad posee una participación del 4,12% de Airbus y del 2,52% de IAG.

Más que los bancos

De esta forma, la inversión total del Estado en la Bolsa española supera los 18.200 millones de euros. De hecho, a cierre de 2022, adelantó a los bancos y cajas en el listado de mayores inversores en el mercado español. Aunque lo hizo sólo por una décima, ya que su porcentaje es del 3,1%.

Los inversores internacionales se mantuvieron el pasado ejercicio como los grandes accionistas de las cotizadas españolas, al poseer un 50,3% de su capital. Se situaron por delante de las empresas no financieras (21,3%), las familias (16,2%) y las gestoras y aseguradoras (5,9%).