La Generalitat echa por tierra una gran oportunidad para crecer. Y en solo un mes. El tiempo que separa su compromiso con el Gobierno y Aena del temor a que el proyecto de ampliación de El Prat caliente la calle y ponga en aprietos la estabilidad del propio Govern. Una presión que ha llevado al Gobierno español a cancelar la inversión de 1.700 millones de euros en un movimiento que ha sorprendido porque las implicaciones medioambientales ya eran conocidas por todas las partes.
Estamos hablando de una historia que arranca en 2019 con el compromiso de muchos ayuntamientos de la zona y que el propio Govern sella el 2 de agosto cuando llega a un acuerdo con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA). Más de un centenar de reuniones en las que todos estaban de acuerdo en alargar la pista 07R/25L sobre el espacio protegido de La Ricarda y construir una terminal satélite que diera servicio a los vuelos de largo radio.
De hecho, el Govern pretendía seguir adelante sabiendo que la ampliación del aeródromo no podía hacerse sin afectar a los espacios de la Red Natura 2000 en el Delta del Llobregat.
Pero, primero, el Ayuntamiento de Barcelona con su alcaldesa, Ada Colau, y después los organizaciones ecologistas comenzaron a calentar el ambiente social en defensa de la zona protegida, abriéndose una brecha de confianza entre Govern y Gobierno central cuando estos criticaron el borrador presentado el pasado viernes por Aena.
Las propias palabras de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, manifiestan la “sorpresa” y el desconcierto por este cambio de rumbo. “El Gobierno no va a imponer la ampliación del aeropuerto porque la Generalitat no lo hace posible y, por tanto, no se va a introducir en el DORA II”, señaló ayer durante la rueda de prensa en la que confirmaba la cancelación de dicho proyecto.
La falta de confianza llegó a su nivel más alto cuando algunos miembros del Govern anunciaron públicamente su intención de asistir a la manifestación del 19 de septiembre en protesta por la ampliación de El Prat. Aquí es donde se quebró totalmente la confianza entre las partes y la ministra no quiso pasar por alto este aspecto ayer.
“Es evidente que la Generalitat de Cataluña no tiene una decisión madura sobre esta gran inversión. En los últimos días el Govern ha cambiado su posición. Incluso hemos conocido que miembros del Govern de la Generalitat puede que asistan a la manifestación del día 19 en contra de este proyecto”, afirmó.
A la defensa ecologista por el espacio protegido hay que sumar una oposición interna en Cataluña que desde hace años pugna por tratar de reducir el turismo al máximo con políticas que han llegado hasta a vetar la apertura de hoteles nuevos.
La CUP y Ada Colau encabezan esta oposición frente a los empresarios catalanes que apoyan el proyecto de El Prat como una gran oportunidad de crecimiento. Oportunidad que se pierde solo por el temor del Govern.
Además, en caso de cambiar de opinión, queda en aire si tendrá que esperar a la aprobación de un Documento de Regulación Aeroportuaria nuevo, es decir, un DORA III para lo que harán falta cinco años más.
Adiós a 365.000 empleos
El proyecto implicaba un gran avance económico para Cataluña. La titular de la cartera de Transportes no escatimó en detalles. Se trataba de un proyecto para la generación de 365.000 empleos totales, una contribución de casi el 9% del PIB y una inversión de 1.700 millones de euros.
El Prat generó 220.000 empleos y contribuye al 6,8% del PIB de Cataluña. Ocupa el quinto lugar de los aeropuertos de la Unión Europea. En los últimos veinte años ha experimentado un extraordinario crecimiento hasta alcanzar los 53 millones de pasajeros en 2019. Año en el que alcanzó su saturación máxima y, por tanto, la ampliación venía a descongestionar el tráfico aéreo.
Pero que el Govern haya puesto pegas a la ampliación de El Prat no quiere decir que la otra parte del plan para otros aeropuertos de la región también se frene. No obstante, “no renunciamos a seguir trabajando y colaborando en potenciar la complementariedad de los aeropuertos de Girona Costa Brava y de Reus, para los que mantenemos sus planes de desarrollo específicos. Máxime, cuando están en marcha sendas conexiones a través de la Alta Velocidad”, apunta.
Por tanto, a pesar de que el Gobierno quiere que Cataluña vuelva a ser un motor económico de España y convertir el aeropuerto de El Prat en un hub intercontinental, la ministra fue tajante: “El Gobierno no va a imponer la ampliación del aeropuerto porque la Generalitat no lo hace posible y, por tanto, no se pueden prever estas inversiones asociadas previstas en el Dora para este periodo 2022-2026”.
Por su parte, Cataluña renuncia a una oportunidad de oro para crecer en términos turísticos a la par de que lo hará el aeropuerto de Barajas, cuya ampliación también estaba proyectada en el DORA II y, por supuesto, sigue adelante.
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