La televisión pública catalana no pasa por su mejor momento financiero. El desplome de sus ingresos publicitarios, sus elevados gastos de plantilla, el pleito con Hacienda por el IVA de los años 2012 a 2017 y la congelación de la subvención pública dibujan un negativo panorama económico que sería imposible solventar sin el aval ni las aportaciones extraordinarias de la Generalitat de Cataluña.
Según se desprende de sus cuentas del año 2017 presentadas ante el Registro Mercantil, a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) -sociedad que agrupa TV3, Catalunya Ràdio y sus medios digitales- recibió 245,2 millones de euros de la Generalitat en 2017: 236,6 millones de subvención anual ordinaria, 4 millones para cubrir la paga extraordinaria, 3,5 millones para reforzar la parrilla y 1,1 millones para compensar pérdidas de ejercicios anteriores.
En estas mismas cuentas se consigna una aportación ordinaria para 2018 de 231,2 millones, a los que hay que sumar 20 millones que aprobó la Generalitat de Quim Torra hace unas semanas para reforzar la parrilla de la cadena. En total, 253,3 millones que además incluyen una previsión de 2,2 millones para la paga extra de este año.
Contraste con otras televisiones autonómicas
Más de 500 millones de euros gastados entre 2017 y 2018 para mantener en funcionamiento la televisión pública catalana, dos años que además han coincidido con los más duros del independentismo y con el desafío soberanista en su máxima expresión. Un presupuesto solo comparable con RTVE. La televisión pública de ámbito estatal recibió 684 millones del Estado en este mismo periodo.
Y un fuerte contraste con el resto de las autonomías: entre 2017 y 2018 la Junta de Andalucía destinará 280 millones a Canal Sur, el gobierno vasco subvencionará a ETB con 240 millones y la Xunta de Galicia dará casi 200 millones a TVG.
Pero eso no es todo. En las cuentas de TV3 se consigna que el 2 de marzo de 2018 la Dirección General de Política Financiera del Departamento de Economía de la Generalitat de Cataluña autorizó a la CCMA a disponer de una póliza corporativa hasta un importe máximo de 55,3 millones para hacer frente a la liquidación del acta del IVA que les reclama Hacienda para los ejercicios 2012-14.
En total, hablamos de una aportación comprometida de más de 553 millones de euros en dos años, pese al control de las cuentas públicas del Govern por parte del Estado durante casi un año. Recursos que, no obstante, no han sido suficientes para evitar que la situación financiera de la cadena siga complicándose, que se mantenga con fondo de maniobra negativo y que -incluso- se sitúe en riesgo de suspensión de pagos.
Fondo de maniobra negativo
Las cuentas de 2017 indican que la sociedad presenta un fondo de maniobra negativo de 17,2 millones de euros, que se eleva hasta los 27,5 millones si consideramos el consumo de existencias a más de doce meses. En términos contables, una empresa con fondo de maniobra negativo está en serio riesgo de suspender pagos por su falta de liquidez, aunque en el caso de TV3 la sociedad garantiza que todos sus compromisos están avalados por su socio mayoritario: la Generalitat de Cataluña.
Pese a ello, el auditor de estas cuentas, PWC, traslada toda la responsabilidad del funcionamiento de la empresa al administrador único, la Generalitat, aunque advierte de los riesgos y las incertidumbres de los pagos e ingresos que recibirá la compañía en el futuro. En 2017 la cadena cerró con un déficit de 7,4 millones de euros “por la caída de la publicidad y el impacto del nuevo cálculo del IVA". Del mismo modo, los sindicatos prevén que esta situación lleve a la cadena a cerrar con un nuevo déficit de 39 millones en 2018.
En el caso de 2017, el grupo atribuye el déficit a dos causas principales. En primer lugar, por la caída de la publicidad comercial en un 17% respecto del presupuesto aprobado y que supuso una desviación de 11,5 millones de euros. La CCMA facturó 60,5 millones -más 236 millones de subvenciones públicas-, lo que supuso ingresar siete millones menos que el año anterior. Desde la propia TV3 se ha denunciado la reticencia de algunas empresas privadas a invertir en la cadena por las acusaciones de ser el altavoz del independentismo.
Nuevo cálculo del IVA
TV3 también advierte del impacto del gasto por la limitación en la deducción del IVA soportado, como consecuencia de la modificación de la Ley a partir del 10 de noviembre de 2017 y que ha supuesto un incremento en sus costes de 3,5 millones de euros. De hecho, en estas cuentas la mayoría de los problemas financieros de la sociedad son atribuidos al IVA.
En 2014, el fisco pasó a considerar a las cadenas autonómicas como empresas duales. Esto significa que las televisiones realizan una actividad comercial (venta de publicidad) y un servicio de comunicación audiovisual público (con las subvenciones de la Administración).
Esto implica que las televisiones solo pueden deducirse la parte del IVA correspondiente a su actividad comercial. Hasta entonces, los entes se deducían este impuesto completo. Para TV3 esto ha tenido tres impactos. Por un lado, mantiene un contencioso con Hacienda en la Audiencia Nacional que ha paralizado la ejecución de los importes reclamados por el Estado de 2012 a 2014, pero que le obliga a depositar 55,3 millones como aval hasta que se resuelva definitivamente la causa.
Plan de contención del gasto
Adicionalmente, a finales del año pasado Hacienda volvió a abrir un expediente, esta vez por los importes del IVA del 2015 a 2017, aunque sin reclamar todavía cantidades concretas. En sus cuentas de 2017, la sociedad estima que se podría producir un cobro anual de 50 millones de euros, aunque no ven probable que esta situación finalmente se produzca.
En tercer lugar, el impacto del IVA se ha traducido en que en los últimos años se haya acumulado una deuda con proveedores para compensar las no devoluciones de IVA soportado por parte de la Agencia Tributaria. Esto ha generado un incremento del pasivo que la compañía atribuye al aumento del actual desequilibrio en el fondo de maniobra.
Volviendo a las cuentas de 2017, la cadena aprobó un plan de contención de gasto y de inversiones para el ejercicio 2018, con medidas para lograr una reducción de pagos en 2018 por importe de 39,5 millones ante las previsiones de fuertes desequilibrios presupuestarios en medio de la incertidumbre de la aprobación de las cuentas de la Generalitat para este año.
Costes de producción y de plantilla
Con todo, en sus registros la cadena pública catalana no se aprecia una autocrítica por sus elevados costes de producción y de plantilla que se han mantenido casi inalterables en los últimos años.
Entre 2016 y 2017, los gastos de plantilla han aumentado desde los 31,4 millones hasta los 32,9, pese a que la plantilla se ha reducido desde los 2.271 empleados a los 2.263. Los aprovisionamientos -compras de derechos, programas y consumo de materiales- han crecido desde los 67,8 millones a los 71,6 millones.
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