Ángel A. Giménez

Fuente de riqueza o campo de cultivo para la pobreza. Éxito económico, salvavidas de la crisis, potencia internacional o fracaso laboral, perpetuación de la precariedad y mala imagen en el exterior. Modernización urbanística o degradación de la ciudad.

En este contraste extremo se mueve ahora el turismo en España y lógicamente ha estallado una polémica que la clase política ya no puede evitar.

España acabó 2016 con una cifra récord de visitas turísticas de extranjeros, cerca de 76 millones. La Alianza para la Excelencia Turística, Exceltur, auguró a mediados de julio que este año se superará la cifra gracias al "aluvión de viajeros" y a una campaña que se está comportando de manera "extraordinaria".

El INE, ayer, confirmó las previsiones: según su encuesta de gasto turístico, los extranjeros han dejado en España, al cabo del primer semestre, más de 37.200 millones de euros, una cantidad sin precedentes.

Es casi un 15 por ciento más que lo que se gastaron el año pasado, que ya fue un ejercicio "sin precedentes".

Los números que suelta el turismo se quedan anticuados en cuestión de meses, como si fueran fichajes de fútbol.

Cataluña tiene más visitantes que nunca, a Euskadi va más gente que nunca y la Comunitat Valenciana ha situado la ocupación hotelera del mes de agosto en más de un 84 por ciento, otro dato sin parangón.

El turismo abarca el 10 por ciento del PIB nacional (amenaza con abarcar más) y da trabajo a más de dos millones de personas (y puede dar trabajo a más).

Los números turísticos se han batido ferozmente unos a otros sin detenerse en algunas señales de alarma, como el turismo de borrachera (y de otras cosas) de Magaluf o Salou, o la saturación de pisos turísticos en ciudades como Barcelona o Palma.

Pero el pasado día 27 en Barcelona, cerca del estadio Nou Camp, cuatro encapuchados asaltaron un autobús turístico, pincharon una rueda y pintaron en la parte delantera, en catalán, "el turismo mata los barrios".

La acción no era aislada, porque desde hacía días se estaban registrando sabotajes en servicios de alquiler de bicicletas o de consigna de maletas, pero fue el que encendió la bocina y la puso a sonar.

Se relacionaron y se relacionan estos hechos con grupos de extrema izquierda, algo que están confirmando sus propios autores.

La entidad Endavant, integrada en la CUP, se ha atribuido actos como los descritos en el distrito de Ciutat Vella, en Barcelona, y la organización juvenil Arran Jovent, también vinculada a la CUP, colgó en su perfil de Twitter un vídeo sobre un sabotaje similar que hicieron días atrás en el muelle viejo de Palma.

Y lanzaron este mensaje: "Paremos el turismo masivo que destruye Mallorca y que condena a la clase trabajadora de los Países Catalanes a la miseria".

Asimismo, la organización de jóvenes de Sortu, Ernai, ha convocado para el próximo día 17, en plenas fiestas de la Semana Grande de San Sebastián, una manifestación contra el modelo de turismo de la ciudad.

No es una protesta hecha en solitario, ya que recientemente la asociación de vecinos de la Parte Vieja de la ciudad ha publicado un manifiesto en el que denuncian "la sobreexplotación mercantil" de la zona y acusan de la degradación que perciben a "la primacía económica" de la industria del turismo, que "arrasa con todo".

Esta organización plantea en el manifiesto la pregunta en la que se concentra el debate: "¿Cuánto tiempo podrá resistir el barrio un uso mercantil tan intensivo sin poner en peligro su cohesión social, su identidad histórica y cultural, la salud y la calidad de vida de sus habitantes?".

Porque esta pregunta, así como sus múltiples respuestas, no emergen en un territorio concreto.

El barómetro del Ayuntamiento de Barcelona del pasado mes de julio colocaba al turismo como el principal problema de la ciudad para los propios barceloneses por encima del paro, algo sin precedentes.

El Govern de Baleares acaba de modificar su propia ley para regular los pisos turísticos, cuestión que se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza en las islas, y a finales del mes pasado, en el Parlamento andaluz, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, tuvo que responder a las denuncias de "burbuja" turística que proclamó el líder de IU, Antonio Maíllo.

Toda la clase política, desde el presidente, Mariano Rajoy, y alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a los partidos, la FEMP, los sindicatos y presidentes autonómicos como Cristina Cifuentes o Ximo Puig, ha sido unánime en la condena de los actos violentos que han puesto el debate sobre el turismo en el centro del incendio político y mediático.

Pero cuando se apague el fuego, el debate quedará. Redistribuir la riqueza que genera esta industria y dar prioridad a que se haga del turismo un modelo sostenible y respetuoso con el medio ambiente o los derechos laborales son soluciones que ya están en la mesa.

Mientras tanto, el turismo seguirá batiendo récords.