Así, la intención del Ejecutivo, según aseguran fuentes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, pasa por avanzar en la separación de fuentes de financiación a través de partidas específicas de los Presupuestos Generales del Estado que soporten estas prestaciones.

Si la Seguridad Social únicamente tuviera que financiar las pensiones y prestaciones contributivas, aseguran desde el Gobierno, las aportaciones de trabajadores y empresarios sería suficiente para cuadrar las cuentas. No existiría déficit alguno, aseveran. Sin embargo, las previsiones de Moncloa para 2018 son de un déficit del 1,1% la mitad del desfase de toda la Administración Pública comprometido con la Comisión Europa.

En todo caso, el Ejecutivo asume que para ello deberá contar con el acuerdo de las formaciones políticas en el Pacto de Toledo, que en líneas generales parecen decididos a descargar de la Seguridad Social todo gasto no relacionado con las pensiones públicas, trasladando las bonificaciones de cuotas a los Presupuestos, e incluso compendio al sistema en partidas como las del personal o el patrimonio de la institución.

Este mismo año, el Gobierno reservó una partida de los Presupuestos para abonar parte de los gastos de la Seguridad Social. La idea del Gobierno es que los 10.192 millones de euros que el Estado transfirió en 2017 --más los complementos que desde la última reforma ya se encarga de financiar-- sirva como "base" en los próximos años. Y si hubiera acuerdo en el Pacto de Toledo, aumentar las aportaciones.

NO CIERRA LA PUERTA A MEJORAR LA REVALORIZACIÓN

Respecto a la revalorización de las pensiones, aspecto que divide al Pacto de Toledo entre partidarios de mantener el actual índice (PP y Ciudadanos) y los que apuestan por derogarlo, o al menos reformarlo para evitar pérdidas de poder adquisitivo (el resto de partidos), desde el Gobierno no contemplan un cambio del sistema.

Así, argumentan que aún no se ha podido evaluar los efectos de las reformas --recuerdan que elementos, como el factor de sostenibilidad, ni siquiera han entrado en vigor--, se apoyan en que durante estos años el poder adquisitivo ha aumentado (gracias a índices de inflación negativos) e instan a los partidos a encontrar vías de ingresos que permitan una revalorización más favorable.

En todo caso, desde el Ejecutivo tampoco descartan poder realizar revalorizaciones complementarias, en períodos de varios años, para compensar el empobrecimiento de las pensiones, dado que la fórmula, con los actuales niveles de ingresos y de déficit, 'condena' a las pensiones a un aumento del 0,25% en los años más inmediatos.

Esta fórmula de revalorización plurianual era una de las apuestas del PNV, dentro del Pacto de Toledo, para acercar posturas en este punto. Sin embargo, el Gobierno descarta que pueda hacerse de forma inmediata y rechazan la idea de tener que subir las pensiones a golpe de decreto, por lo que encomiendan a las formaciones a acordar formas de mejorar el resultado de la fórmula de revalorización.

UN IMPUESTO PARA PAGAR PENSIONES

Lo que sí está descartado de pleno es una de las ideas sondeadas en las últimas semanas, dentro del debate político de las pensiones: la de impulsar un impuesto específico que pudiera mejorar los ingresos del sistema, en línea de lo propuesto por PSOE y Unidos Podemos, y a lo que, según han comentado varios medios, se habría abierto el PP.

Desde el Gobierno han rechazado tal posibilidad, criticando que de esta forma los propios pensionistas y los desempleados tendrían que soportar esta imposición, y apuestan por mejorar los ingresos del sistema a través de más empleo, de mejor calidad, descargar los gastos del sistema que deban ser abonados desde los Presupuestos, y recurrir a un préstamo del Tesoro en caso de ser necesario, como ha hecho este mismo año.