La justicia lo investiga junto a otras cinco personas más por la comisión de siete delitos: cohecho, prevaricación, malversación, asociación ilícita, tráfico de influencias, fraude en la contratación y blanqueo de capitales. La mayor parte de los delitos que se le imputan a Eduardo Zaplana, y de cuya comisión aparentemente proceden los fondos en el extranjero cuya titularidad real se le atribuye, tienen un plazo de prescripción de 10 años desde su comisión. Por lo trascendido de la investigación, ese plazo podría haber transcurrido ya, explica Jorge Sánchez, director del Departamento de Fiscalidad Internacional de Montero Aramburu. La mayor parte de las imputaciones se refieren a la época en la que presidió la Comunidad Valenciana (1995-2002), hace por tanto 16 años.

Pero también se le acusa de encubrir el origen delictivo de los fondos generados mediante el ejercicio de esas actividades ilegales o criminales, e intentar en los últimos años trasladarlos a España, dándoles una apariencia de origen legal. Esa conducta, añade Jorge Sánchez, constituiría un delito de blanqueo de capitales y no estaría prescrito aún.

El delito blanqueo de capitales cometido por una persona con autoridad pública, como sería el presente caso, o por un agente de la autoridad, prescribe a los 15 años. Este delito, explica el abogado, se consuma cuando se realiza la acción que lo constituye. En el caso del blanqueo de capitales, cuando se ¿adquiera, posea, utilice, convierta, o transmitan bienes, sabiendo que tienen su origen en una actividad delictiva, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito¿.

Ahora bien, tratándose de un delito de blanqueo de capitales continuado, como lo es la posesión en el extranjero de dinero con origen delictivo, el plazo de prescripción de 15 años comienza a contar desde que el momento en el que cesa la posesión de los bienes. Y aquí es donde se disputará la batalla legal en la acusación de blanqueo.

DINERO NEGRO EN EL EXTRANJERO

Es cierto que mantener dinero en el extranjero sin tenerlo declarado en España no es un delito en sí. Si el origen del dinero son rentas no declaradas en el IRPF o en el Impuesto sobre Sociedades, o su titularidad no se incluye en la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio de su titular persona física, la falta de ingreso de las cuotas tributarias correspondientes constituiría infracción tributaria; y, a partir de cierto importe, podría ser calificado como delito contra la Hacienda Pública. Igualmente, la falta de declaración de los bienes en el extranjero (modelo 720) constituye también infracción tributaria.

Por tanto, puesto que Zaplana no ha logrado introducir ese dinero en el circuito legal, deberá declararlo y pagar impuestos por ello. Porque, como explica alrodrigo en el FORO FISCAL de Invertia, el dinero negro no prescribe nunca, independientemente de dónde se tenga. Cuando lo descubren se trata como un incremento de patrimonio no justificado del año no prescrito más antiguo. En este caso, sería un incremento de patrimonio no justificado del año 2013, a integrar en la base general de ese año. Además, como el dinero estaba en el extranjero, también le aplicará el exigente régimen sancionador del modelo 720, obligación de declarar los bienes en el extranjero.

La prescripción de varios de los delitos presuntamente cometidos por Zaplana será clave en el devenir judicial del caso. El director de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana, Joan Llinares, ha lamentado a través de las redes sociales que si el expresidente de la Generalitat Valenciana es condenado, lo será únicamente por un ¿delito fiscal¿.