"Desde la óptica legislativa el cambio acelerado empujado por las nuevas tecnologías y por los modelos de negocio basados en las mismas supone, en primer lugar, un reto de adaptación tecnológica, pero también otro más fundamental: la regulación financiera tiene que adaptarse para garantizar el cumplimiento de los objetivos de política pública", expone el documento sacado a consulta. Y añade para completar su exposición: "Se trata de asegurar que la transformación digital no afecte en modo alguno al nivel de protección al consumidor de servicios financieros, a la estabilidad financiera y a la integridad en los mercados, ni facilite de ningún modo la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo".