Más allá de los números, los resultados de la banca han sacado a la luz la opinión de los directivos sobre el impuesto con el que Sánchez pretende financiar parte del sistema público de pensiones.

Los directivos de las principales entidades financieras del país eran muy conscientes de ello y por eso, han decidido pasar al ataque en sus declaraciones. La respuesta ha sido firme y unánime con duras críticas al Gobierno desde una industria que, sin duda, tiene mucho que decir en el proceso de recuperación económica. Los banqueros lo han repetido hasta la saciedad. ¿Un impuesto afectará a la rentabilidad. Si no podemos generar capital, tampoco podremos acompañar al crecimiento de la economía¿, explica Jaime Guardiola, consejero delegado del Sabadell.

Los directivos coinciden en que hay que dar tiempo al Gobierno y en que ¿los impuestos son un elemento esencial para la gestión política y económica¿. Sin embargo, advierten de que `el remedio puede ser peor que la enfermedad¿, presionando los resultados de la banca a la baja y, por ende, perjudicando a los accionistas.

El mensaje desde la industria es claro. En un entorno de lucha contra los tipos de interés en mínimos y la presión regulatoria, un nuevo obstáculo sería fatal para el sector. Analistas como Goldman Sachs o JP Morgan calculan que el impacto en beneficio podría superar el 10% en el peor de los casos. Y en este sentido, los analistas apuntan directamente a una entidad: Bankia.

Precisamente la reacción del consejero delegado del banco, José Sevilla, ha sido una de las que más ha sorprendido en el mercado, por la participación del 60% que el Estado mantiene en la entidad. ¿No tenemos una posición diferente a la del resto del sector¿, asegura el directivo, para insistir en que ¿el gran reto es ser rentables como antesala de la solvencia, y no tiene mucho sentido fijar un impuesto discriminatorio¿. Al igual que BBVA, Sevilla también apuesta por una fiscalidad única en Europa para una competencia más sana entre entidades.

Más duro con los planes del Gobierno ha sido José Antonio Álvarez, consejero delegado del Santander. No con sus palabras. Pero sí con un mensaje entre líneas más que contundente y del que, a buen seguro, el Gobierno habrá tomado nota. ¿Si en la nueva fiscalidad hay una doble imposición, las multinacionales españolas estaremos en desventaja y tendremos que repensar nuestra estructura legal¿. Con esta frase el directivo dejaba en el aire la posibilidad de una avalancha de cambios de sede de grandes compañías que, como ellos, tienen en los dividendos de sus filiales un buen porcentaje de sus ingresos.

Del mismo modo, Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, considera que ¿no es el momento y no es una buena idea¿. Pero descarta hacer, de momento y sin conocer si el impuesto llegará y en qué formato, cualquier movimiento en su estructura fiscal. La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, tampoco cree que sea necesario llegar a ese extremo. Pero sí advierte de que ¿la banca no lo aguanta todo¿, y confía en que el Gobierno no sea capaz de imponer una tasa que Goldman Sachs cifra en 8.300 millones de euros. ¿Es absolutamente injusto, una herramienta de patas cortas¿, critica la directiva. Frente a los que piensan que el sector debe pagar por el rescate, Dancausa recuerda que ¿no se ayudó a todos bancos¿. En concreto, defiende que entidades como Bankinter han contribuido a la restructuración del sistema financiero. ¿¿Por qué tenemos que pagar más?¿, se pregunta. Tampoco cuaja la idea en Bankia, desde donde insisten en que ¿no se rescató a los banqueros ni a los accionistas, sino a los depositantes¿.

Aún se desconoce si el Gobierno implantará o no la polémica tasa. Pero los banqueros españoles han dejado claro que están dispuestos a plantar batalla para evitarlo, incluso sin conocer todavía los detalles de los planes de Sánchez. Entre las opciones barajadas, estaría aplicar aplicarlo a beneficios, o aumentar la tasa que las entidades ya pagan a depósitos y que actualmente se sitúa en el 0,03%. Otra posibilidad detallada por el consejero delegado del Santander es la limitación de los créditos fiscales (DTAs).

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