La titular de Hacienda ha explicado que el Gobierno, tal y como se había comprometido, está abordando la fiscalidad del sector financiero por diferentes vías, como con la imposición de un nuevo impuesto sobre las transacciones financieras o mediante una reforma del tipo impositivo sobre Sociedades que afecte directamente a los bancos.

"Son dos líneas importantes en las que estamos trabajando y que estamos abordando con el sector, así como también la aportación que las entidades realizan al Fondo de Garantía de Depósitos (FDG)", ha señalado Montero en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press.

La medida es una de las más polémicas y ha sido en repetidas ocasiones rechazada por los principales directivos bancarios del país. El consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar, ya aseguraba a principios de mes que el impuesto a las transacciones financierassería "más razonable" que poner una tasa específica a la banca.

Es previsible que el resto de banqueros coincida con Gortázar, tras unos meses de duras críticas al Gobierno desde una industria que, sin duda, tiene mucho que decir en el proceso de recuperación económica. Los directivos del sector lo han repetido hasta la saciedad. ¿Un impuesto afectará a la rentabilidad. Si no podemos generar capital, tampoco podremos acompañar al crecimiento de la economía¿, explicaba Jaime Guardiola, consejero delegado del Sabadell, en la última presentación de resultados de la entidad.

Todos coinciden en que hay que dar tiempo al Gobierno y en que ¿los impuestos son un elemento esencial para la gestión política y económica¿. Sin embargo, advierten de que `el remedio puede ser peor que la enfermedad¿, presionando los resultados de la banca a la baja y, por ende, perjudicando a los accionistas.

El mensaje desde la industria es claro. En un entorno de lucha contra los tipos de interés en mínimos y la presión regulatoria, un nuevo obstáculo sería fatal para el sector. Analistas como Goldman Sachs o JP Morgan calculan que el impacto en beneficio podría superar el 10% en el peor de los casos. Y en este sentido, los analistas apuntan directamente a una entidad: Bankia, que, participada en un 60% por el Estado, también se ha mostrado contraria a las intenciones del Gobierno.