El Gobierno pretende recuperar los bienes públicos inmatriculados por la Iglesia y para ello se ha comprometido a realizar un censo. Como punto de partida podría echar mano de la estadística que maneja la Dirección General del Catastro.

Según estos datos, a cierre de 2017 los bienes religiosos suman 42.649, con un valor catastral medio de 198.033 euros. El patrimonio religioso, para este Departamento del Ministerio de Hacienda, asciende a 8.445 millones. Hace diez años era de 5.400 millones.

En este mismo periodo, finales del pasado año, había 82.016 bienes deportivos con un valor medio de 383.985 euros y uno total de 31.500 millones, y unos 23 millones de bienes residenciales valorados a 62.296 euros de media. Estos superan los 1,4 billones de patrimonio catastral.

La estadística además arroja resultados curiosos si se analiza por comunidades autónomas. Castilla y León es la que más bienes de confesiones religiosas tiene, hasta 8.400, seguida de Galicia, con 7.800. Sin embargo, si se aplicara (hipótesis bastante improbable) un gravamen sobre ellos para recaudar por la propiedad (similar al IBI), las regiones que mayores ganancias obtendrían serían Madrid, Andalucía y Cataluña. El valor catastral total de los bienes religiosos en la capital de España (y ahí se incluyen tanto Iglesias como mezquitas, sinagogas, templos budistas, colegios¿) asciende a 1.800 millones de euros. Además, el precio medio también es superior al resto.

Y es que, ante la cercanía del pago del IBI en la mayoría de los ayuntamientos, el debate se calienta alimentado por la intención de algunos  políticos de revisar los privilegios de ciertas instituciones, como los de la Iglesia católica.

El régimen tributario actual por el que se rige la Iglesia está en la Ley del Mecenazgo. Esas normas son las que se aplican a cualquier confesión religiosa o institución, que tengan suscritos convenios de colaboración con el Estado, así como las que se aplican a las fundaciones de España, sean de investigación, cultura, política¿

Están exentos de IBI, como también lo están los edificios de la Cruz Roja, o los que siendo propiedad del Estado, CCAA o entidades locales estén afectos a la seguridad ciudadana, servicios educativos y penitenciarios, entre otros. 

En el fondo de todo subyace la idea de que esta puesta al día que va a realizar Justicia es el paso previo para empezar a gravar las pertenencias de estas congregaciones.

Algunos ayuntamientos han tomado la iniciativa y no esperarán si quiera a que el censo esté elaborado. Valencia es uno de estos ejemplos. Su concejal de Hacienda, Ramón Vilar, anunció la revisión ¿uno a uno¿ de todos los inmuebles vinculados de alguna manera en propiedad a la Iglesia católica para cobrar el IBI.