El acuerdo logrado en la Comisión del Pacto Toledo, aunque no es vinculante para el Gobierno, se topa con un fuerte rechazo de los expertos que se preguntan cómo se va a financiar. Con los números en la mano, y a tenor de la evolución demográfica, de los puestos de trabajo, la productividad o el PIB, el problema se acrecienta. Y la factura irá aumentando año a año.

La Seguridad Social destinó ya en el presente mes de septiembre la cifra récord de 9.235 millones de euros al pago de las pensiones contributivas, un 4,86% más que en el mismo mes de 2017. Y casi un 50% más que 10 años antes.

Por el momento, han advertido del coste adicional de la reimplantación de la vinculación al IPC institutos y firmas de análisis como BBVA Research, Ministerio de Empleo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRef), universidades...

Uno de ellos ha sido BBVA Research. Rafael Doménech, responsable de análisis macroeconómico del servicio de estudios, considera que subir las pensiones este año un 1,6%, tal como ya habían acordado con antelación el Gobierno de Mariano Rajoy y el PNV, y el próximo en función de lo que ocurra con los precios tiene un coste que no sólo afectará al presente, sino que crecerá cada año. Así pues, el incremento del 1,6% para 2018 y el esperado para 2019 comporta un gasto acumulado de nada menos que 5.000 millones de euros.

Hasta esa cifra se llegaría tras consolidarse entre los perceptores las actualizaciones, año a año e ir añadiéndose nuevas. Elevarlas, añade, un 1,6% este ejercicio supone un incremento del gasto para el sistema público de 1.600 millones y de otros 3.200 millones cuando se vuelva a subir con el IPC del año próximo.

Por su parte, José Luis Escrivá (AIReF) rebajó el impacto que tendría ligar las pensiones al IPC. Si la indexación se mantuviese en los próximos cinco años, el coste adicional sería de 7 décimas de PIB, lo que supone algo más de 8.000 millones. Y si la revalorización con el coste de la vida se mantuviera hasta 2030, el coste adicional alcanzaría el 1,2% del PIB, esto es, unos 14.000 millones de euros.

Aunque ese cálculo es inferior al realizado por otras fundaciones, firmas de análisis o el propio Gobierno, Escrivá rechazó la indexación al considerar que no es la opción adecuada. Pero, en todo caso, las cifras ofrecidas por la AIReF están muy lejos otras estimaciones. Según los cálculos del Ministerio de Empleo, ligar las pensiones al IPC obligaría a España a crecer a niveles históricamente altos, situación que no concuerda con el escenario ofrecido por la Autoridad Fiscal.

Según una estimación de la dirección general de Seguridad Social del Ministerio de Empleo anterior, la economía española debería crecer a razón de 4,2% de media anual nominal hasta 2050 para poder subir las pensiones como el IPC, sin que se dispare en exceso el gasto del sistema. 

Un grupo de investigación en Pensiones y Protección Social de la Universidad de Valencia calcula también la revalorización de las pensiones de acuerdo a la inflación. Su conclusión es que el gasto contributivo, el que se paga con cotizaciones, con la estrategia IPC supondría un gasto adicional estimado de 1.611 millones de euros en 2018 y de 3.354 millones en 2019.

A grandes rasgos, señalan que el gasto adicional en pensiones contributivas por cada punto de revalorización es de 1.200 millones de euros.