AIReF pide reforzar el marco fiscal institucional para reducir la deuda pública

Escrivá, que ha intervenido este viernes en las XXXIII Jornadas de Alicante sobre Economía Española, celebradas por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Alicante, ha abogado por mejorar la calidad del gasto público mediante una evolución continua de su eficiencia, según recoge un comunicado de la AIReF.

Durante su presentación, el presidente de la AIReF ha explicado que, para reducir la deuda pública hasta el 60% del Producto Interior Bruto (PIB) en la mitad de la próxima década sería necesario contar con superávit primarios (antes del pago de los intereses de la deuda) del 2% de forma sostenida.

A su juicio, lograr ese objetivo supone "un verdadero reto", entre otros motivos por las resistencias para ampliar las bases imponibles y los límites para seguir avanzando en una estrategia de consolidación fiscal basada en un crecimiento del gasto público inferior al avance del PIB nominal.

Otras dificultades derivan, en su opinión, de la posibilidad de subidas de los tipos de interés reales mayores de las esperadas.

Escrivá ha señalado que el principal riesgo para España proviene de la debilidad de la Unión Económica y Monetaria (UEM) por la existencia de divergencias crecientes en los patrones de crecimiento y en los niveles de competitividad entre algunos de los principales países de la Unión Europea (UE).

El presidente de la AIReF ha subrayado que todos los países de la UE han estado sometidos a las mismas reglas fiscales desde el inicio de la UEM, pero su comportamiento ha sido diferente, en función de la calidad de su marco institucional fiscal.Por ello, ha recalcado que, para conseguir una senda de superávit primarios, es conveniente reforzar el marco fiscal institucional y territorial vigente.

Según Escrivá, la AIReF está trabajando en una propuesta para mejorar el marco fiscal institucional que está inspirada en el modelo holandés y es consistente con las tendencia de reforma del Pacto de Estabilidad por las que se decanta la Comisión Europea (CE).