La estampida de las grandes fortunas españolas de su vehículo de inversión favorito no cesa. En el tiempo de descuento para que entre en vigor el estricto marcaje fiscal que el Gobierno ha previsto para las sicavs, la retirada se acelera. Más de 40 de estas sociedades han echado el cierre desde enero y cerca de 130 millones de euros han huido hacia otros destinos.
Dicho de otro modo, en este arranque del año, una sicav se ha disuelto cada tres días y cada jornada ha huido de estos vehículos de inversión algo más de 1 millón de euros. Un agitado ritmo de espantada con el que gestores y partícipes buscan ponerse a salvo de lo que está por venir para estas sociedades y que en muchos casos se espera que sea solo el principio de nuevas medidas en una “caza de brujas” que lleva tiempo abierta con más o menos disimulo.
El proyecto normativo que endurecerá las condiciones para que las sicavs puedan seguirse beneficiando de los privilegios fiscales de los que han venido disfrutando durante décadas ya está en el Senado. El Congreso de los Diputados lo aprobó el martes pasado y, dado el amplio consenso generado entre fuerzas políticas de distinto signo, no se esperan cambios significativos en su redacción por parte de la Cámara Alta. Ni siquiera un periodo de trámite prolongado antes de su definitiva sanción y entrada en vigor.
La retirada acelera
Esta inminencia del cambio es lo que parece estar detrás de esta acelerada retirada que no deja en positivo el saldo de las sicavs ni un solo mes de este año. Ni en cuanto al número de sociedades de este tipo que siguen en funcionamiento ni en cuanto a los flujos de capital que movilizan. Cierres y reembolsos netos han sido el pan de cada día de estas firmas desde que se estrenó 2021.
Los datos recopilados en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) certifican que solo en los cuatro primeros meses del año se dieron de baja 40 sicavs. Algunas para transformarse en otro tipo de sociedades en las que las reglas de juego no parecen estar en riesgo de cambio, otras para mudarse hacia otras jurisdicciones más amables con ellas y otras simplemente por considerar que la continuidad de su actividad quedaría seriamente comprometida ante las nuevas exigencias legales.
Si la vista se echa atrás a los últimos 12 meses, se pueden contabilizar más de 200 bajas en los archivos del supervisor. No obstante, la aparición de alguna nueva a contracorriente ha resultado en un saldo negativo neto de 179 sicavs para este periodo. Así, al cierre del pasado mes de abril aún estaban activas 2.370 de ellas.
Por lo que se refiere a flujos de inversión, los datos recogidos por la consultora VDOS señalan reembolsos por 129,84 millones de euros en los cuatro primeros meses del año. Un periodo en el que enero supuso el golpe más profundo para estas sociedades de inversión, con la retirada de 58,4 millones de euros. El menor volumen de retiradas se dio en marzo, cuando solo salieron de estos vehículos 4,49 millones.
En rojo desde agosto de 2018
En otras palabras, cada día han salido de estas sociedades de inversión 1,09 millones de euros. En abril, mientras la enésima reforma normativa avanzaba en su trámite parlamentario, fueron 12,1 millones de euros los que los inversores retiraron, casi tres veces más que en el mes anterior.
Aquí, si el plazo de estudio se extiende al último año, los reembolsos suman 1.107,4 millones de euros desde abril de 2020. En este tiempo, ni un solo mes ha registrado saldos positivos de flujos de inversión. Y es que hay que remontarse hasta agosto de 2018 para encontrar un mes en verde. Y entonces lo fue solo por 4,3 millones en suscripciones de nuevo capital.
La persistente tensión en torno al futuro de las sicavs se hace más que evidente con estas últimas cifras. En este sentido, siempre según los datos recopilados por VDOS, cabe destacar que el volumen de capital retirado por sus accionistas de estos vehículos en los últimos 12 meses viene a equivaler a la salida de 2,81 millones de euros cada día.
Aunque la norma prevé un periodo de gracia para que las sicavs se adapten a la nueva normativa o bien procedan a su transformación o liquidación, parece que los administradores y accionistas de un notable número de ellas está adelantando el trabajo. No obstante, desde la industria española de inversión se espera que los próximos meses sean algo más relajados en cuanto a esta prolongadísima huida gracias a esta ventana temporal.
La clave de las juntas
De momento, la normativa en debate -que forma parte de un paquete más amplio para la prevención del fraude fiscal- señala es la obligación más severa de contar con un mínimo de 100 accionistas, pues cada uno de ellos deberá contar al menos con una inversión de 2.500 euros.
Se trata de una cota que es muy superior a lo que muchos de estos vehículos llegan a negociar en todo un año en el mercado secundario. Con su introducción, se quiere poner fin a los mariachis, como se conoce en el sector a los inversores de número que realmente cuentan con una participación menos que testimonial en estos vehículos.
El año que viene el cumplimiento de estas exigencias ya será obligatorio. Por ello, las sicavs que no se hayan adaptado a estos requisitos casi endémicos de la regulación española tan solo contarán con un periodo de gracia de seis meses desde la celebración de su junta general del año 2022 para tirar la toalla y sumarse al más que creciente número de estas sociedades que optan por su disolución y liquidación.
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