El Gobierno aprueba la reforma del mercado de valores con las SPAC y las 'cripto' en el punto de mira

El Gobierno de coalición ha dado un paso más en la reforma del mercado de valores español. El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes el anteproyecto de Ley del Mercado de Valores y de los servicios de inversión, cuyos objetivos principales son favorecer la financiación no bancaria de las empresas y aumentar la protección de los inversores.

Esta nueva norma constituye una ley marco que sustituye a la normativa vigente de 2015 y funde en un solo texto directivas europeas y reglamentos que han venido desarrollando desde entonces. El texto será ahora remitido a las Cortes Generales, donde continuará su proceso de aprobación.

Tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha subrayado que "su objetivo es reforzar y modernizar el mercado de valores para posicionar a España entre los mercados más atractivos, especialmente para el crecimiento de la financiación de las pymes".

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Este paquete legislativo incluye además tres reales decretos de desarrollo relativos a las empresas de servicios de inversión; los instrumentos financieros, el régimen de registro de valores negociables y las potestades de supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Sobre el impulso de la financiación no bancaria, fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital han explicado que un “elemento clave” es la reducción de los costes administrativos a los que se enfrentan los inversores en este ámbito.

SPAC

Para ello, se han simplificado estos procedimientos para la admisión a negociación de valores de renta fija y se han reducido las tasas que cobra la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La reforma pone el foco en las sociedades cotizadas con propósito para la adquisición (las SPAC, por sus siglas en inglés). Para garantizar la protección de los inversores frente a estas figuras propone reformar la Ley de Sociedades de Capital con el objetivo de dar certeza al reembolso de las inversiones en estos vehículos.

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Las SPAC tienen como objetivo favorecer la salida a bolsa de empresas, contribuyendo a la diversificación de las fuentes de financiación, especialmente para empresas que estén en crecimiento o en sus primeras fases de desarrollo, y reduciendo así la dependencia del crédito bancario.

En el ámbito de los criptoactivos, la norma contempla dos vertientes. Por un lado, si las divisas digitales son consideradas como activos financieros se obliga al cumplimiento de toda la normativa al respecto.

MiCA

Para aquellos que no lo son, se incorpora el régimen de infracciones y sanciones del reglamento europeo MiCA – del inglés Market in Crypto Assets-.

En la actualidad, la normativa europea se encuentra en fase de triologos, como se conoce al debate entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión.

El objetivo es que la CNMV esté preparada para implementar el régimen sancionador contemplado en MiCA sin la necesidad de que haya ninguna transposición en la normativa española. “Desde la primera semana se podrán tramitar las sanciones”, explican desde el Ministerio.

La normativa también prevé el régimen prudencial que se va a aplicar a las empresas de servicio de inversión (ESIS). Esta tipología de empresas engloba a agencias de valores, gestoras y de asesoramiento financiero.

Empresas

Hasta ahora se les aplicaba el régimen prudencial de las entidades de crédito con especificidades. En cambio, el anteproyecto contempla un régimen específico ad hod que se ajusta a su carácter diferencial.

A las empresas de asesoramiento financiero se les reconoce un régimen específico, debido a que, según fuentes del departamento de Calviño, la mayoría de ellas son personas físicas.

Con este nuevo régimen se les permitirá operar en las mismas condiciones que en la actualidad, añadiendo la contribución al Fondo de Garantías de Inversiones. No dispondrán de pasaporte europeo y no podrán operar en el resto de la Unión Europea (UE).

Adicionalmente, el texto incluye una clasificación de las empresas de servicios de inversión, que determinará la normativa de aplicación según el nivel de activos totales.

CNMV

El regulador español también es objeto de la reforma, que pretende reforzar su independencia. En primer lugar, el anteproyecto de ley elimina la posibilidad del recurso de alzada de la CNMV ante el Ministerio de Asuntos Económicos. Las resoluciones serán, por tanto, analizadas directamente por los jueces y tribunales.

En segundo, modifica su régimen de renovación. Actualmente los nombramientos del regulador de los mercados españoles se producen cada cuatro años, con la posibilidad de renovar por otros cuatro. La norma desvincula a la CNMV de los ciclos tradicionales y los modifica a mandatos de seis años no renovables, lo que, consideran en el Ministerio, “mejora su gobernanza”.

Por otro lado, el paquete legislativo incorpora a la normativa española los cambios aprobados en la directiva europea Markets in Financial Instruments Directive II, conocida como MiFID II. El objetivo de esta incorporación es que los servicios de inversión favorezcan la recapitalización de las empresas europeas y faciliten las inversiones a la economía real.

Con este fin, la reforma ajusta los requisitos y obligaciones administrativas que, en el contexto actual, pueden resultar redundantes. Pretende facilitar la canalización del ahorro hacia la financiación, salvaguardando también la protección e intereses de los inversores.

BME Growth

También ajusta la limitación de las posiciones en determinados derivados y el correspondiente régimen de exención de cobertura con el fin de dar un impulso a los nuevos mercados denominados en euros.

Asimismo, incluye modificaciones puntuales del Reglamento de la Unión Europea (UE) sobre el folleto a publicar en emisiones de valores o la normativa europea de titulizaciones.

Para “promover la canalización del ahorro de los inversores hacia la financiación de las empresas”, la reforma establece la aplicación del régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores (opa) al segmento BME Growth, el mercado destinado a las pymes.

Las obligaciones para las cotizadas serán las mismas, pero las condiciones para el inversor cambiarán al tener en cuenta el reparto de la prima de control.