Bruselas avisa al Gobierno de Pedro Sánchez del riesgo de un "agujero significativo" en el sistema de pensiones si no se adoptan nuevas medidas de ajuste. La Comisión Europea ve insuficiente el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional diseñado por el ministro José Luis Escrivá y reclama adoptar de aquí a final de año las iniciativas pendientes, entre ellas la extensión del periodo de cómputo para el cálculo de las pensiones.

La amonestación al Gobierno de Sánchez por las pensiones está incluida en el dictamen elaborado por el Ejecutivo comunitario para desbloquear el tercer pago de 12.000 millones de fondos Next Generation. Una de las condiciones exigidas por Bruselas a cambio de este tramo era completar la primera parte de la reforma de las pensiones, que consta de dos pilares: una nueva regla de indexación y un sistema de incentivos para retrasar la edad de jubilación.

En su dictamen, el Ejecutivo comunitario ha llegado a la conclusión de que esta primera parte de la reforma se ajusta a lo pactado con la UE, ya que contribuye a garantizar el poder adquisitivo de los jubilados, y por eso ha dado luz verde al pago. Al mismo tiempo, Bruselas expresa su preocupación por los riesgos para la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones en conjunto si no se adoptan rápidamente medidas correctivas adicionales.

En concreto, la Comisión Europea resalta que la nueva regla de indexación de las pensiones incrementará el gasto de forma significativa. Según los cálculos del propio Gobierno de Sánchez, ligar de nuevo las pensiones a la inflación generará un gasto adicional equivalente a un 2,7% del PIB de aquí a 2050, una estimación que Bruselas considera plausible. 

Ahorro insuficiente

En paralelo, Escrivá calcula que los incentivos para retrasar voluntariamente la edad de jubilación producirán un ahorro de entre el 1,1% y el 1,6% del PIB de aquí a 2050. Una cifra que sólo compensa aproximadamente la mitad del aumento del gasto y que además para el Ejecutivo comunitario es excesivamente optimista y está sujeta a "mucha incertidumbre".

Sin embargo, lo que más inquieta a Bruselas es el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, que sustituye al factor de sostenibilidad previsto en la anterior reforma de Mariano Rajoy. Este mecanismo prevé un pequeño aumento de las cotizaciones (0,6 puntos porcentules) en los próximos años (entre 2023 y 2032), así como una revisión futura de la sostenibilidad del sistema, que incluye la posibilidad de ajustes extra si son necesarios.

El nuevo mecanismo se aprobó el pasado diciembre, adelantándose al calendario de reformas pactado con la UE, según el cual tendría que haberse adoptado en la segunda mitad de 2022. Por eso, el Ejecutivo comunitario todavía no lo ha evaluado en profundidad (y no pone en riesgo el pago de 12.000 millones), aunque su opinión provisional es negativa.

"Las autoridades españolas han proporcionado estimaciones según las cuales sustituir el factor de sostenibilidad por el mecanismo de equidad intergeneracional sería neutral desde el punto de vista fiscal. Pero los servicios de la Comisión consideran que probablemente provocará un aumento significativo del gasto público como porcentaje del PIB a lo largo del tiempo", señala Bruselas.

Agujero presupuestario

En conjunto, las medidas adoptadas hasta ahora por el Gobierno de Sánchez en materia de pensiones amenazan con provocar "un agujero presupuestario significativo". Un riesgo que debe corregirse, ya sea modificando el mecanismo de equidad intergeneracional o con otras medidas pendientes como la ampliación del plazo de cómputo para el cálculo de la pensión, la reforma de las cotizaciones para autónomos o el aumento de la base máxima de cotización, reclama el Ejecutivo comunitario.

Además, el Gobierno debe elaborar unas proyecciones actualizadas que muestren que las reformas aprobadas en 2021 y 2022 garantizan la sostenibilidad presupuestaria a largo plazo.

Todas estas medidas ya están incluidas en el plan de recuperación de España y deben completarse antes de fin de año, según el calendario negociado con la UE. El Ejecutivo comunitario evaluará su cumplimiento como parte del quinto pago por valor de 10.000 millones de fondos Next Generation, cuyo desembolso está previsto para junio de 2023. En caso de incumplimiento, la UE podría congelar los fondos o pagar únicamente un parte de las ayudas.

La respuesta de Escrivá

En el ministerio de Inclusión y Seguridad Social sostienen que el mecanismo de equidad intergeneracional tendrá un impacto fiscal equivalente al factor de sostenibilidad. El departamento de Escrivá atribuye las críticas de Bruselas a "las dificultades de calcular el impacto de un mecanismo de este tipo, de tipo semiautomático".

"Estamos dispuestos en todo caso a trabajar con ellos para encontrar las fórmulas adecuadas para recoger ese impacto de forma que encuentren satisfactoria", explican a este periódico fuentes del ministerio. 

Aunque su efecto en materia de ahorro sea idéntico, el Gobierno sostiene que el mecanismo de equidad intergeneracional es "mejor" que el factor de sostenibilidad porque "es más justo con los jóvenes" y a la vez resulta "más creíble".

"Cabe recordar que el factor de sostenibilidad, al ser un mecanismo totalmente automático, demostró ser políticamente inaplicable, hasta el punto de que el mismo Gobierno que lo aprobó lo derogó de facto al posponer su entrada en vigor en varias ocasiones", señalan las fuentes consultadas.