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La sentencia del tribunal con sede en Luxemburgo ha respondido así a la cuestión prejudicial elevada por el Tribunal Supremo Civil y Penal de Austria, sobre el caso de una ciudadana austriaca a la que se denegó la inscripción en en registro de la propiedad de ese país de una promesa de venta de un bien inmueble, basándose en que la firma que constaba había sido verificada por un abogado checo y no por un notario.

En concreto, el Tribunal de Justicia ha remarcado que las normas nacionales que imponen a profesionales jurados como los notarios la función de verificar la exactitud de las inscripciones en un registro de la propiedad "contribuyen a garantizar la seguridad jurídicas de las transacciones inmobiliarias, así como el buen funcionamiento del registro, y se vinculan, de manera más general, con la protección de la buena administración de la justicia".

"Esta última constituye una razón apremiante de interés general que permite justificar una restricción al principio de la libre prestación de servicios", argumenta la justicia europea.

Así, el Tribunal estima que la restricción es "proporcionada" en la medida en que, en Austria, la intervención del notario es "importante y necesaria" para proceder a la inscripción en el registro, en el sentido que la función de este profesional "no se limita a confirmar la identidad de una persona", sino que "implica además que toma consciencia del contenido del acto en cuestión para asegurarse de la legalidad de la transacción".

Por último, la sentencia señala que el hecho de reservar las actividades ligadas a la autentificación de actos sobre la creación o la transferencia de bienes reales inmobiliarios a una categoría particular de profesionales a la que se vincula una confianza pública y está controlada por el Estado miembro "constituye una medida apropiada para lograr los objetivos de buen funcionamiento del sistema de registro, así como de legalidad y seguridad jurídica".