Escrivá retrasa a 2023 la entrada en vigor de los nuevos planes de pensiones públicos de empleo

Retraso en la entrada en vigor de los nuevos fondos de pensiones de empleo de promoción pública. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha avanzado que espera que el proyecto de Ley de Regulación para el Impulso de los Planes de Pensiones de Empleo se apruebe parlamentariamente “en dos meses” y que su entrada en vigor sea “para 2023”.

Esto supondría un trimestre de retraso, puesto que Escrivá había reiterado en diferentes foros públicos que esperaba que los nuevos fondos empresariales estuvieran listos para el otoño de 2022, hacia septiembre u octubre.

Las palabras de Escrivá han sido pronunciadas en el marco del EFPA Congress 2022, que se celebra durante hoy y mañana en Madrid y que reúne a asesores financieros, gestoras de fondos, bancos de inversión, firmas de análisis de datos y escuelas de negocios. Según ha dicho el ministro en este foro, “esperamos que en 2023 estén ya plenamente vigentes con todos los desarrollos”, dado que el correspondiente reglamento llegaría a finales de 2022.

Cabe recordar que el último paso dado por este proyecto de Ley ha sido el de enmiendas en el Congreso de los Diputados. Como publicó este periódico, hasta 157 enmiendas han hecho los grupos parlamentarios a la citada ley.

Entre las más destacadas, la propuesta de que estos nuevos vehículos sean administrados por una gestora pública, que no haya antigüedad mínima por parte del trabajador de una empresa para acceder a un plan colectivo o reducir la carga ‘verde’ de su política de inversión a la mínima expresión.

Comisiones y barreras mínimas

Queda todavía por fijar la comisión máxima de gestión que tendrán estos nuevos vehículos de inversión privados complementarios a la pensión pública -se hablaba del 0,30%-, así como el patrimonio mínimo en fondos de pensiones que deben tener las gestoras de activos y bancos depositarios para poder optar a los fondos públicos de pensiones de empleo, barreras que en un primer momento se situaron en los 1.000 y 10.000 millones de euros, respectivamente.

Estos dos aspectos tienen que ir por la vía paralela del reglamento, pero según fuentes financieras conocedoras todavía no se ha empezado con esta reglamentación.