El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves de forma definitiva la nueva Ley General de Telecomunicaciones. Un texto que ha contado un altísimo respaldo parlamentario, ya que ha sido aprobada con los votos a favor de todos los grupos de la Cámara Baja con la excepción de Vox.

El Congreso ha respaldado las cuatro enmiendas que se aprobaron en el Senado. Entre ellas, la que contempla que el Gobierno desarrollará las medidas adecuadas para lograr en un año desde la entrada en vigor de la ley (mediados de 2023) la universalización del acceso a Internet a una velocidad mínima de 100 megabits por segundo (Mbps) y un precio asequible.

La estrategia 'España Digital 2025' lanza hace dos años por el Ejecutivo de Pedro Sánchez establece como objetivo que a 31 de diciembre de 2025 la velocidad mínima de conexión en toda España debe ser de 100 Mbps.

Fruto de su paso por la Cámara Alta, la ley, que estaba contemplada como una reforma del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y transpone el Código Europa de Comunicaciones Electrónicas, obligará también a que los operadores presten atención al cliente en todas las lenguas oficiales del estado.

Otras de las novedades que introduce el texto legislativo son la reforma del servicio universal, que incluirá la conexión a Internet y deberá ser prestado por todos los operadores, así como mayores derechos para los usuarios y requisitos en materia de accesibilidad.

El servicio universal queda fijado a una velocidad mínima de 10 Mbps ampliables a 30 Mbps mediante un desarrollo reglamentario, que ya ha comenzado sus consultas, hasta la llegada de los 100 Mbps.

Asimismo, las cabinas salen del servicio universal y se abre la puerta a que se transformen en puntos de recogida de paquetes, puntos de Internet o teléfonos de emergencia.

Primeras reacciones

Tras su aprobación definitiva, DigitalES, Asociación Española para la Digitalización, ha celebrado el "consenso político" que ha caracterizado la tramitación y aprobación parlamentaria de la Ley. Un texto que presenta un "claro carácter continuista" con su predecesora, que tuvo un impacto positivo sobre las infraestructuras y la competencia en el mercado español de las telecomunicaciones.

En su opinión, el texto aprobado este jueves será fundamental para la consolidación de España como un país puntero en conectividad de alta y muy alta capacidad y, en última instancia, para el "fomento de una recuperación económica apoyada en la digitalización".

La patronal realiza varias peticiones de cara su desarrollo como la puesta en marcha "a la mayor brevedad posible" de la Comisión Interministerial para la instalación y explotación de las redes públicas de comunicaciones electrónicas o la ampliación de algunos de los plazos establecidos para aspectos como la adaptación de los contratos de los consumidores, entre otros. 

Asimismo, plantea un refuerzo de las acciones de difusión con las administraciones locales y autonómicas, así como con los colegios profesionales y otros agentes que pueden contribuir a que la nueva Ley General de Telecomunicaciones se implemente de forma "ágil y homogénea".

Por su parte, desde UGT consideran que la norma contiene "progresos importantes" en aspectos como el Servicio Universal o el impulso a esenciales infraestructuras de vanguardia, pero "queda coja cuando se trata de consolidar y fomentar nuevo empleo tecnológico".

"La nueva LGT no promueve la creación de nuevos puestos de trabajo de forma directa, ni exige memorias de empleo cuando se tomen decisiones regulatorias ni obliga a realizar futuras licitaciones de espectro con compromisos laborales. Se trata -de nuevo- de un error que exige de una rectificación y que UGT buscará enmendar a través de pactos sectoriales de empleo y acordando convenios que lo blinden", resalta.