Finalmente, una región ha decidido quedarse fuera de la compra centralizada de material sanitario que ha puesto en marcha el Ministerio de Sanidad para 'abastecer la reserva estratégica de España contra la Covid-19 y que se había retrasado, precisamente, por el interés expresado por varias comunidades autónomas de sumarse a ella.

Según el comunicado que ha emitido el Ministerio de Sanidad, Comunidad Valenciana, la autonomía presidida por el socialista Ximo Puig, finalmente se quedará fuera de una operación a la que sí se han adherido el resto de las regiones.

Fuentes de la Comunidad Valenciana explican a Invertia las causas de esta decisión. La Generalitat considera que las condiciones que pide el concurso nacional a las empresas son demasiado exigentes para el 'cluster' sanitario que se ha generado tras la Covid-19. 

Ximo Puig.

Así, piden que se valoren criterios como las proximidad en la concesión de las licitaciones nacionales. De hecho, se trata de una condición que sí se valorará en el acuerdo marco para la adquisición de productos sanitarios que aprobará el Consell valenciano este viernes, 

La comisionada de la Generalitat para el suministro de material sanitario frente a la covid-19, María José Mira, explica que este acuerdo marco "garantizará que las pequeñas y medianas empresas valencianas, así como las españolas, que han reorientado su producción como consecuencia de la pandemia para fabricar material sanitario, puedan participar en la licitación al flexibilizarse las condiciones, entre otras, sobre la solvencia en la fabricación y volumen de venta de este tipo de productos en los últimos tres años, así como las condiciones de solvencia financiera y las fianzas".

Además, Mira ha subrayado que la Generalitat dispone en su centro logístico de Feria Valencia de una reserva estratégica de material sanitario almacenado para hacer frente a las necesidades para los próximos seis meses.

Iniciativa estatal

A la iniciativa puesta en marcha por el departamento que dirige Salvador Illa, que en un ya contaba con la adhesión de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Madrid y Navarra, se han sumado Murcia, Galicia, Cataluña y País Vasco.

Esto ha incrementado tanto el coste previsto de la adquisición así como la cifra total de productos a comprar. El importe económico total de la operación (un 'carro' al que también se han subido los ministerios de Defensa e Interior, además del Ingesa) ha subido a los de 2.578 millones euros (IVA incluido) y tiene una duración de un año con posibilidad de prórroga por un segundo año, unos 147 millones de euros más que en la licitación que se tuvo que aparcar hace unas semanas.

En concreto se adquirirán, en un plazo de dos años, 4.200 millones de unidades de batas quirúrgicas, guantes de nitrilo, gafas de protección, mascarillas quirúrgicas tipo II y IIR, mascarillas de protección FPP2 y FPP3, test moleculares COVID-19 (PCR) y kits de extracción.

Al ser un procedimiento agregado para todo el Estado, Sanidad calcula que es posible un ahorro demás de 300 millones de euros.

Tramitación de emergencia

La licitación, con sus correspondientes pliegos administrativos y técnicos, se ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en el Portal de Contratación Centralizada del Ingesa. Igualmente, se comunicará a través de las principales asociaciones empresariales de los sectores implicados.

Se trata de una tramitación de emergencia, por lo que se acortan los plazos para que una parte importante del material adjudicado esté a disposición de los servicios de salud antes de finalizar el mes de septiembre.

El objetivo es que la adjudicación se realice en agosto, para que las regiones puedan realizar contratos basados en este acuerdo-marco al final de este mes y que las empresas adjudicatarias puedan comenzar a suministrar a los servicios de salud autonómicos en el mes de septiembre.