Sanidad da libertad a las CCAA para decidir a qué grupos vacunan primero tras inmunizar a los vulnerables

Hay margen para que las comunidades autónomas hagan cambios en la estrategia de vacunación contra la Covid-19, aunque deben hacerse respetando los criterios de riesgo de mortalidad y exposición al virus (como el que tiene el personal sanitario que trabaja con pacientes con coronavirus). Por lo que, una vez que las autonomías vacunen a los grupos más vulnerables, podrán decidir a quién inmunizarán después.

Federico de Montalvo, presidente del Consejo de Bioética de España, ha explicado a Invertia que "el protocolo hay que seguirlo, pero hay un cierto margen para las autonomías". Las posibles modificaciones que se produzcan "deben respetar los principios recogidos en la estrategia: riesgo de mortalidad y de exposición al virus, este último se refiere al personal sanitario que trabaja directamente con pacientes Covid-19".

Es precisamente en el segundo criterio donde "puede haber un margen para la interpretación", ha reconocido el experto. En este punto, ha señalado que ahora mismo "no tiene sentido priorizar a personas por el mero hecho de trabajar en salud, porque hay quienes no tienen una exposición directa al virus".

Personal sanitario sostiene una dosis de la vacuna contra la covid-19 de Pfizer-BioNTech. Efe

Por su parte, el abogado y doctor en Ciencias de la Salud, Julio Sánchez Fierro, ha advertido de que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) -en el que participan comunidades autónomas y Ministerio de Sanidad y donde se acordó la estrategia- "no ha establecido un protocolo concreto y preciso sobre vacunación contra la Covid-19".

"Esto da lugar a una situación como la que estamos viviendo". Es decir, cada comunidad está interpretando el documento de una manera diferente, lo que abre todavía más la puerta a que lo hagan tras vacunar a los grupos más vulnerables.

Actualmente, "tenemos protocolos que van desde el de Extremadura, que incluye entre los grupos prioritarios de la vacunación a cargos de la administración sanitaria, a otros lugares en los que vacunar a un consejero supone su dimisión", ha añadido.

En esta línea, Sánchez Fierro ha insistido en tener protocolos "que respondan a una misma lógica y que compartan los criterios, pero si estos no son evidentes, habrá estrategias diferentes y obtendremos un resultado mediocre".

Una anciana recibe la vacuna de la Covid-19, en Valladolid.

El primero de los grupos prioritarios en vacunar ha sido el de los residentes y personal sanitario y sociosanitario de las residencias de mayores. Después, le ha seguido el de los profesionales en primera línea y los mayores de 80 años. Previsiblemente, los próximos en recibir la vacuna serán los mayores de 70 años y personas con enfermedades graves, respetando así los criterios mencionados por De Montalvo.

Sin embargo, una vez que la población más vulnerable esté vacunada, las comunidades autónomas tendrán un margen más amplio de interpretación para decidir a quién priorizan en la estrategia.

Esto abriría la vía a la polémica propuesta de Isabel Díaz Ayuso de priorizar a los camareros y taxistas en la vacunación. La presidenta madrileña planteó este lunes la posibilidad de "agilizar" la vacunación de sectores "altamente expuestos" como profesores, camareros o taxistas, una vez comience la vacunación masiva a la población.

El Ministerio de Sanidad ha recordado que "los grupos se deciden en la Ponencia de Alertas, formada por expertos de perfil científico técnico, y posteriormente se debate en la Comisión de Salud Pública (en la que participan las autonomías), de la que sale el documento final".

Un protocolo desde la UE

Para Sánchez Fierro, lo más lógico es que se hubiera dictado un protocolo de vacunación desde la Unión Europea, más en la situación de pandemia en la que nos encontramos. "Es lógico que lo haga cuando ha habido antes una acción coordinada para la compra y distribución de los antígenos".

Sin embargo, el abogado ha explicado que "hay una normativa europea que establece que las cuestiones de administración, financiación y gestión sanitaria corresponden a los estados miembros. Por tanto, la UE puede orientar pero las competencias son de los estados miembros".