La Casa Blanca publicó el martes el listado de los diez medicamentos que se incluirán en la primera ronda de negociación para rebajar su precio. Actualmente, la factura que paga Medicare (un programa federal de seguro médico para personas de 65 años o más) por estos fármacos asciende a 50.500 millones de dólares.

Una cifra que el Gobierno de Biden quiere reducir. Para ello, a través de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA, por sus siglas en inglés), obligará a las grandes farmacéuticas a reducir el precio de 27 medicamentos por haber subido su coste por encima de la tasa de inflación en los últimos dos años.

Esta medida otorga al plan Medicare autoridad para negociar los precios de los fármacos más caros.

Para determinar los primeros diez medicamentos que se someterán a las negociaciones de precios, la Casa Blanca ha tenido en cuenta el gasto de Medicare entre junio de 2022 y mayo de 2023. En este periodo, la factura asciende a los ya mencionados 50.500 millones de dólares. 

Los primeros fármacos seleccionados son Eliquis, de Bristol Myers Squibb y Pfizer; Jardiance, de Boehringer Ingelheim y Eli Lilly; Xarelto, de Janssen; Januvia, de MSD; Farxiga, de AstraZeneca; Entresto, de Novartis; Enbrel, de Amgen y Janssen; Imbruvica, de AbbVie; Stelara, de Janssen; Fiasp y Novolog, las marcas de insulina de Novo Nordisk.

Entre junio de 2022 y mayo de 2023, Medicare gastó 16.482 millones de dólares en Eliquis, el medicamento para la prevención y el tratamiento de coágulos de sangre. Jardiance, utilizado para la diabetes y la insuficiencia cardíaca, supuso un gasto de 7.057 millones de dólares. 

La factura Xarelto, por su parte, ascendió a 6.031 millones de dólares. El medicamento de Janssen están indicado para la prevención y tratamiento de coágulos sanguíneos. Januvia, un fármaco para la diabetes, supuso un coste de 4.087 millones de dólares en el periodo mencionado. 

El quinto medicamento que verá rebajado su precio es Farxiga, indicado para la diabetes, la insuficiencia cardiaca y la enfermedad renal crónica. Actualmente su factura es de 3.268 millones de dólares. El gasto de Medicare en el fármaco para la insuficiencia cardíaca Entresto es de 2.884 millones de dólares.

Le sigue Enbrel, indicado en artritis reumatoide, cuya factura asciende a 2.791 millones de dólares. El gasto del medicamento oncológico Imbruvica, por su parte, es de 2.663 millones de dólares. El de Stelara (psoriasis y artritis) alcanza los 2.638 millones. Cierran la lista las insulinas de Novo Nordisk, Fiasp y Novolog, con un coste de 2.576 millones de dólares.

[Guerra entre las farmacéuticas y Biden: los precios de los medicamentos y las fusiones, en el punto de mira]

Estos diez medicamentos se someterán a una rebaja de su precio actual de, como mínimo, un 25%, aunque este porcentaje puede ser mayor si la administración negocia descuentos más altos con los laboratorios.

Las negociaciones comenzarán este mismo año, sin embargo, no será hasta 2026 cuando se apliquen los nuevos precios acordados. El objetivo de esta medida puesta en marcha por la Administración Biden es ahorrar 25.000 millones de dólares anuales hasta 2031.

La industria farmacéutica, en pie de guerra

La medida de Biden para rebajar la factura farmacéutica no ha gustado a la industria farmacéutica. De hecho, seis grandes laboratorios han presentado demandas contra la Ley de Reducción de la Inflación.

El último en hacerlo ha sido AstraZeneca. En un comunicado, la farmacéutica explica que la nueva norma "choca de lleno con los objetivos de la Ley de Medicamentos Huérfanos (ODA)", un estatuto federal diseñado para alentar a los fabricantes a invertir en nuevas terapias para enfermedades raras. 

La compañía señala que el programa de recucción de precios impediría el desarrollo continuo de tratamientos como su medicamento contra el cáncer, Lynparza, y el medicamento para trastornos sanguíneos, Soliris. Ambos están considerados fármacos huérfanos. Así, el objetivo de la demanda es "proteger el acceso a los medicamentos huérfanos" en Estados Unidos.

AstraZeneca se suma así a MSD, Johnson & Johnson, Bristol Myers-Squibb, Boehringer Ingelheim y Astellas Pharma. Las denuncias de estas farmacéuticas cuestionan la disposición contenida en dicha norma que faculta a la Administración del presidente Joe Biden para intervenir en la confección de los importes de los fármacos por atentar contra la primera y quinta enmiendas de la Constitución.

La primera enmienda regula asuntos como la libertad religiosa, de expresión o de petición, mientras que la quinta contempla la "justa compensación" si el Gobierno federal emplea medios privados para fines públicos. 

Estas seis compañías cuentan con el respaldo de la patronal de la industria farmacéutica estadounidense, Phrma. De hecho, ha presentado otra demanda contra la Ley de Reducción de la Inflación, junto con otras dos asociaciones.