En una sentencia de 98 folios fechada este martes, el tribunal sí rebaja, de un lustro a tres años y medio, la pena de cárcel para los tres propietarios siguientes de la empresa: Luis Sans y los hermanos José María y Juan Garrido López. Estuvieron al frente de la compañía, que aglutinaba decenas de clínicas odontológicas, entre octubre de 2017 y octubre de 2018.

El motivo de esta reducción de condena es que la Sala de Apelación ha considerado, tal y como solicitaban estos tres últimos, que el delito que cometieron era de tipo simple y no uno continuado en el tiempo. La Audiencia Nacional también rebaja la multa que deberán pagar, hasta los 40 millones de euros.

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Por su parte, García Pellicer y Vicente Castañer deberán abonar una sanción de 25,6 millones de euros. La Fiscalía y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) impugnaron los recursos presentados por Luis Sans y los hermanos Garrido López y solicitaron la confirmación íntegra de la sentencia condenatoria.

La Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, sin embargo, sí da la razón parcialmente a los recurrentes; únicamente, en el extremo sobre la modalidad delictiva. Y confirma, no obstante, todos los hechos que fueron considerados probados por el tribunal que condenó a los cinco acusados.

Aquella sentencia, firmada por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, señalaba que, bajo la gestión de García Pellicer y Castañer Blasco, las más de 50 empresas que conformaban iDental dejaron de pagar cuotas de la Seguridad social, "empleando artificios engañosos para ello", causando un perjuicio a la seguridad de 8.565.486,47 euros.

"Artificios engañosos"

De hecho, el tribunal señaló que la conducta de ambos "no consistió en el mero hecho de no pagar, sino que este fin lo consiguieron con una serie de maniobras defraudatorias diseñadas al efecto".

"Dificultaron tanto la labor inspectora como la recaudatoria", recogían los magistrados. Así, mientras fueron dueños del Grupo iDental, la Seguridad Social no pudo cobrar todas las cuotas adeudadas por las entidades que lo conformaban.

Ambos, "con total desprecio de sus obligaciones para con el sistema público de la Seguridad Social" esquivaron el pago de cuotas a la TGSS. Pese a ello, en el año 2016, estos dos empresarios se repartieron beneficios.

Posteriormente, bajo la dirección de los acusados Luis Sans y los hermanos José María y Juan Garrido López, "estos impagos y artificios engañosos persistieron, causando un perjuicio a la Seguridad Social de 18.366.530,30 euros, incluidos, en ambos casos, intereses costas y recargos", estableció la Sección Tercera de la Sala de lo Penal en su resolución, fechada el pasado mes de mayo. Esos más de 18 millones de euros deberán ser reintegrados, de forma solidaria, por Sans y los Garrido López a la Seguridad Social.

"Los recurrentes (...) emplearon los ingresos del grupo en adquirir inmuebles, cancelar hipotecas, hacer mejoras en otros ya adquiridos, sin llegar a reembolsar el total del dinero percibido del grupo, una vez que la situación financiera fue crítica", reitera ahora la Sala de Apelación.

Fachada de la Audiencia Nacional. Eduardo Parra Europa Press

Según recalcan ambas sentencias, cuando se produjo la venta de la compañía de unos propietarios a otros, "pactan un plan de refinanciación recogiendo las deudas del grupo, pero omiten toda referencia las deudas con la Seguridad Social".

El fallo condenatorio concluyó que Sans y los Garrido "sabían, o estaban en posición de saber, cuál era la deuda con la Seguridad Social que iDental tenía cuando la compraron y la situación económica exacta de la misma; (...) sabían que se trataba de una deuda millonaria".

"Luego, no es causa de justificación para no pagar las deudas de la Seguridad Social el que la situación económica de la empresa que encontraron después de la compra fuera mucho peor de lo que habían conocido al decidir comprarla", concluyó la sentencia de instancia, cuyos hechos probados han sido confirmados íntegramente por la Sala de Apelación.

"Aunque se realizaron importantes inyecciones de capital, los fondos no se emplearon en pagar las cuotas de la Seguridad Social, y los nuevos propietarios persistieron en el impago de las cuotas de la Seguridad Social, moviendo los fondos de las cuentas y evitando los embargos, llegando a mantener una deuda el 31 de agosto de 2018 de más de 18 millones de euros", resume la resolución fechada este martes.