El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. Jesús Hellín / Europa Press

Observatorio de la sanidad

El plantón de Adeslas a Muface obligará a al menos 500.000 funcionarios a elegir entre Asisa y la sanidad pública

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Un nuevo terremoto sacude Muface. Este viernes, SegurCaixa Adeslas confirmaba que no se presentará a la nueva licitación aprobada por el Gobierno para la mutualidad. La retirada de la aseguradora pone en jaque la asistencia sanitaria de los funcionarios. Y es que, esta compañía es la que más pacientes aglutina: algo más de medio millón entre titulares y beneficiarios. 

El adiós de SegurCaixa Adeslas podría no ser el único. El sector da por descontado que DKV tampoco se presentará al nuevo concierto por normativa interna, dado que no puede seguir dando pérdidas durante más años. Con el convenio actual, la aseguradora acumula ya alrededor de 70 millones de euros. 

El colectivo que atienden SegurCaixa Adeslas y DKV asciende a más de 700.000 funcionarios. Según la última memoria de Muface, correspondiente a 2023, la primera aseguradora da asistencia a 508.703 personas (33% sobre el total), mientras que DKV presta atención sanitaria a más de 208.000 funcionarios (13,5%). 

¿Qué opciones tienen estos más de 700.000 funcionarios que dejarían Adeslas y DKV al salir de Muface? Elegir entre Asisa o la sanidad pública. La aseguradora que preside Francisco Ivorra ya confirmó que estudiaría las nuevas condiciones ofrecidas por el Gobierno. Cabe recordar que el Consejo de Ministros aprobó una subida del 33,5% de las primas para los tres años de vigencia del concierto (2025-2027) después de que la primera oferta quedase desierta.

Desde Asisa han valorado positivamente "el esfuerzo que ha hecho la Administración para mejorar la financiación de Muface y buscar mecanismos que permitan garantizar la calidad asistencial, empezar a corregir los desequilibrios de la mutualidad y buscar su sostenibilidad a medio y largo plazo".

Además, la aseguradora se mostró convencida de que "la pervivencia y la estabilidad del mutualismo administrativo es necesaria para el correcto funcionamiento del conjunto de Sistema Nacional de Salud (SNS)". Fuentes del sector consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia dan por hecho que Asisa sí irá al nuevo concierto, aunque esto todavía está por confirmarse.

En el caso de que así ocurra, se asegura la supervivencia del modelo durante los próximos tres años. Un tiempo suficiente para que la sanidad pública pueda reorganizarse y hacer los ajustes necesarios en el Sistema Nacional de Salud para poder absorber al colectivo de funcionarios si el modelo Muface finalmente desaparece, según señalan las voces consultadas.

Mientras eso ocurre, el colectivo de servidores públicos deberá elegir entre Asisa o la sanidad pública durante los próximos tres años. Y lo más probable es que muchos de los funcionarios que ahora tienen asistencia sanitaria privada se pasen a la pública. "Sobre todo gente joven", dicen a este medio fuentes del sector.

Es decir, va a disminuir el porcentaje de personas que ahora eligen la sanidad privada dentro de Muface. Actualmente, las aseguradoras aglutinan algo más del 70% del colectivo, frente a casi el 30% que se de decanta por la pública. Esto podría cambiar con la salida de Adeslas y DKV. Además, desde el sector avisan de que una elección mayoritaria de la seguridad social podría llevar aparejado un incremento en la contratación de seguros médicos privados

¿Por qué se retiran las aseguradoras?

SegurCaixa Adeslas no es la única en dar plantón a Muface. Antes lo han hecho también Mapfre, Sanitas o Igualatorio de Cantabria. La razón es la infrafinanciación de un modelo cuyos usuarios tienen una edad media de 57,8 años. Y la edad es un factor determinante en la aparición de patologías y, como consecuencia, en el incremento de las necesidades de atención sanitaria y, por tanto, del gasto

Un reciente informe encargado por SegurCaixa Adeslas alerta de que "se está produciendo un envejecimiento progresivo de la población asegurada conforme pasan los años, lo que se traducirá en un aumento de los gastos superior al de los ingresos si estos últimos no se actualizan".

El sistema sufre una tensión financiera creciente porque las incorporaciones de nuevos mutualistas se producen en los tramos más elevados de edad (básicamente por acceso a la condición de funcionarios de interinos).

Estos son precisamente en los que la diferencia entre prima y coste de las prestaciones es más deficitaria, destaca el análisis elaborado por el profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Málaga, Alberto Montero. Además, el envejecimiento de la cartera de mutualistas va a seguir creciendo en un futuro y, con ello, el gasto total en prestaciones sanitarias para la entidad aseguradora.

¿Qué pasa si desaparece Muface?

Muface puede que sea el último dique de contención para salvar a la sanidad pública del colapso. Actualmente, las listas de espera son las más altas de la historia y si cae este modelo de asistencia sanitaria podrían incrementarse hasta un 266% en el caso de las consultas externas y un 115% para intervenciones quirúrgicas.

Además, a nivel de infraestructuras, el sistema público necesitaría de casi 4.000 camas adicionales y supondría un impacto económico de más de 1.000 millones de euros para la sanidad pública al tener que absorber la asistencia de todos los mutualistas. 

Así lo pone de manifiesto el informe El mutualismo administrativo: Modelo predictivo sobre la elección de los mutualistas y escenarios futuros, realizado en el marco de la Cátedra de Salud Sostenible y Responsable de la Universidad Complutense de Madrid, impulsada junto a Alianza de la Sanidad Privada Español (ASPE).

A pesar de ello, el Ministerio de Sanidad tiene elaborado un plan para asumir la asistencia sanitaria del 1,5 millones de funcionarios de la mutualidad en un plazo de nueve meses. Durante este tiempo, "podría plantearse una incorporación paulatina estratificada por letra de comienzo del primer apellido, edad y aseguradora prestadora de servicios", reza el informe.

En términos globales, la incorporación de la totalidad de la población mutualista con aseguradora sanitaria privada supondría un incremento del 2,12% en el número de personas que recibirían prestación sanitaria pública, según los cálculos de Sanidad.