Imagen de archivo de una clínica Vivanta.
Vivanta comunica a sus trabajadores que va a poner en marcha un Expediente de Regulación de Empleo
El grupo no ha dado cifras de trabajadores afectados y se convierte en la segunda empresa 'rescatada' que pone en marcha un proceso de este tipo.
6 diciembre, 2023 16:18La polémica vuelve en torno a las clínicas dentales Vivanta. El grupo ha comunicado a sus trabajadores que va a poner en marcha un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que se aplicará en las 143 clínicas que tiene repartidas por toda España sin que, por ahora, se conozca cuántos trabajadores pueden verse afectados.
El grupo ha comunicado la decisión en una nota interna a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia. En ella se explica que la regulación de empleo que se va a poner en marcha es un paso más dentro del plan de viabilidad que se presentó para lograr que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) le concediera un rescate de 40 millones de euros.
En concreto, recibió un préstamo participación de 20,4 millones de euros y otro ordinario de 19,6 millones del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee).
La mesa, antes del día 15
Vivanta pertenece al grupo Ares desde el año 2020, que la adquirió junto a BNP y han sido los encargados de notificar los planes de la compañía. Está previsto que las mesas de negociación se configuren el próximo 15 de diciembre, fecha máxima permitida por la Ley, dado que la comunicación se hizo el pasado día 1.
El grupo carece de representación sindical, por lo que sus trabajadores tendrán que elegir a sus representantes de entre la actual plantilla de Vivanta.
Estamos ante el segundo gran ERE de una empresa que fue rescatada por la SEPI con las líneas de liquidez creadas para aquellas compañías que se vieron perjudicadas por la Covid-19. La primera fue Duro Felguera, que puso en marcha un ERE para 180 trabajadores a finales del año pasado.
Aunque pueda parecer sorprendente, no hay ninguna cláusula en los 'rescates' que impida a las empresas perceptoras de fondos poner en marcha procesos de regulación. Todo lo contrario, señalan fuentes conocedoras. El objetivo de las ayudas es hacer sostenible una compañía, por lo que se contempla esa posibilidad. Eso sí, se exige que sea negociado y acordado con la representación de los trabajadores.
